Los años corruptos de Lanzarote. Juan G. Luján

Viajes a Kenia o Marruecos, estancias en hoteles de cinco estrellas, pago de comisiones, regalo de relojes de lujo…Empresas importantes pagaban así a políticos y funcionarios para ganar  contratos en instituciones como el Ayuntamiento de Arrecife. Todo formaba parte de una “lacra corrupta” donde había un “culto al becerro de oro y la ostentación”. Las frases las pronunció el fiscal Anticorrupción Javier Ródenas en su informe final durante el juicio por el caso Jable que acaba de culminar con una sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas que condena a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, dos años y medio de prisión para el político y delincuente habitual Dimas Martín. También fueron condenados con penas de prisión el ex secretario municipal Felipe Fernández Camero, el jefe de la oficina técnica de Arrecife de Lanzarote en tiempos de Déniz , Rafael Arrocha, y seis representantes de las empresas (Urbaser, Tecmed y FCC), que pagaron sobornos y cohechos para hacerse con el contrato del servicio de limpieza de la capital conejera por un importe de 32 millones de euros.

El caso Jable es solo la última fase del conocido como caso Unión, que ya ha tenido varias sentencias y diferentes penas de cárcel para políticos, empresarios y funcionarios. En su día Dimas Martín era “el jefe”. Lo  era antes de entrar en la cárcel y lo siguió siendo cuando cumplía condena en la prisión de Tahíche, desde donde repartía contratos y empleos de las administraciones públicas gobernadas por su partido. Se da la curiosa circunstancia de que Dimas Martín llegó a ser detenido en dos ocasiones por la guardia civil dentro de la misma prisión en diferentes operaciones anticorrupción.

Tras la muerte en accidente de tráfico del artista César Manrique en septiembre de 1992 la isla de Lanzarote comenzó un declive que duraría casi tres décadas. En los años del “culto al becerro de oro y a la ostentación” los corruptos no se conformaban con robar, también se dedicaban a denunciar a quienes cuestionaban sus prácticas. Había políticos y funcionarios corruptos, empresarios que pagaban los sobornos, medios de comunicación que señalaban a los denunciantes y agentes judiciales que operaban a favor de los golfos.

Como muestra tres botones. En el año 2003 un juzgado de Arrecife ordenó el secuestro del número 11 de la revista ‘Cuadernos del Sureste’ por un artículo titulado “El secretario, el quinto poder”, donde se cuestionaba el papel que hacía Fernández Camero como secretario municipal por un lado y abogado de empresarios por otro. Camero denunció a la revista “por intromisión a su honor” y logró el secuestro de la publicación, que fue luego anulado por el Tribunal Constitucional. ¿Les suena el nombre de Camero? Sí, es el mismo que aparece en el primer párrafo de este artículo por su condena a 10 años de cárcel por comportamientos corruptos cuando era secretario municipal.

Segundo botón: el fiscal coordinador de Arrecife de Lanzarote en los años de la adoración al becerro de oro era Miguel Pallarés. La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno canario ordenó la demolición parcial de varios chalés de la urbanización de La Bufona, porque invadían suelo rústico. Una de las viviendas era de Astrid Pérez, dirigente del PP conejero y otra del fiscal Miguel Pallarés. En la web de humor ‘El agitador’ se publicó una viñeta con el titular “el fiscal Migue Pallarés se ha comprado un kit de demolición  para demoler personalmente su casa en La Bufona”. La Audiencia Provincial de Las Palmas condenó al editor de ‘El Agitador’ a pagar 20.000 euros al señor Pallarés, que habrá podido utilizar para el pago de sus abogados en el juicio que se está realizado por la ilegalidad de su chalé.

El último botón de la muestra es  menos gracioso todavía. El juez César Romero Pamparacuatro fue quien inició la instrucción del caso Unión. Cuando llevaba 12.000 folios de instrucción solicitó al Consejo General del Poder Judicial un juez de apoyo y se lo negaron. Pamparacuatro llegó a sacar del sistema informático de la comunidad autónoma el sumario, porque sospechaba que la trama tenía tentáculos judiciales. Los tentáculos periodísticos los tuvo que  sufrir Pamparacuatro durante la instrucción y el juez logró la condena de algún periodista chabacano que cobraba de un empresario corrupto y se dedicó a difamarlo. Cuando fue destinado a su plaza en los juzgados de Tenerife, el juez  Pamparacuatro solicitó una prórroga para continuar el caso Unión (llevaba 30.000 folios), el Consejo General del Poder Judicial le concedió tres meses más improrrogables para alegría de los corruptos.

Han tenido que pasar dos décadas para que los corruptos empiecen a pagar por lo que hicieron en los años de adoración al becerro de oro en Lanzarote, aunque nadie ha pedido perdón a quienes tuvieron la valentía de señalar a los golfos, nadie se ha disculpado ante  quienes sufrieron multas, censuras y presiones por denunciar o investigar la corrupción. Si César Manrique apareciera por la isla de los volcanes se llevaría la misma decepción que Moisés cuando bajó del monte Sinaí y encontró a su pueblo adorando el becerro de oro. Quien sabe si, como Moisés, César arrojaría al suelo las tablas con la ley de los diez mandamientos, sin haber comprobado antes  que el octavo mandamiento, no robarás, alguien ya lo habían borrado de las tablas.

@juanglujan

Este artículo también se publicó en el periódico digital Tiempo de Canarias