Presupuestos para la guerra


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Sobran políticos, sobran asesores, sobran coches oficiales” es el discurso habitual en los bares, las guaguas o los parques. Jóvenes, mayores, mujeres, hombres y mediopensionistas coinciden en esta idea que repiten como un karma contra la crisis. No entienden que no haya dinero para atender a personas dependientes o que despidan a enfermeras y médicos mientras “los políticos” viven en una burbuja con sus asesores, sus despachos oficiales y sus coches con conductor. Si a esto le sumamos que los banqueros y los empresarios que pagan las campañas electorales pueden hacer trampas a Hacienda porque siempre tendrán a los ministros para que los indulten ya tenemos el desahogo perfecto para los de abajo.

Pero pocas veces se cuestionan los gastos militares. Los gobiernos del PP y del PSOE han sido como dos gotas de agua en sus políticas de presupuestos para la guerra, siguen anclados en el “Si quieres la paz prepárate para la guerra” del imperio romano que asumió la OTAN como propio primero frente al bloque soviético y ahora frente a unos enemigos que suelen estar en los países a los que los estados de la OTAN venden armas (paradojas del negocio militar).

Pocos años después de la caída del muro de Berlín, en 1994, la ONU aprobó el concepto de Seguridad Humana que iba más allá de la concepción militarista de la “Seguridad Nacional” y que incluía la economía, la alimentación, la sanidad, la política y el medioambiente como elementos imprescindibles que el Estado debe garantizar a sus ciudadanos. Así un país no es más seguro por sus ejércitos y sus armamentos, sino porque garantiza la Seguridad Humana gracias a sus presupuestos sociales, en educación, sanidad y porque promueve la participación política. El líder sueco Olof Palme se adelantó a la ONU cuando defendió en plena Guerra Fría que “la seguridad común requiere que los pueblos vivan en dignidad y paz, que tengan lo necesario para alimentarse, encontrar trabajo y vivir en un mundo sin pobreza ni destrucción”.

Esto es lo que nos vinieron a recordar este lunes los antimilitaristas que invadieron a nado la Base Naval de Las Palmas de Gran Canaria. Sus armas eran unas tijeras para recortar gastos militares y unas sopladeras que elevaban al aire símbolos de la paz. Como contó LA PROVINCIA los antimilitaristas llegados de varios países pedían que se supriman los gastos militares y se dediquen a sanidad, educación y servicios sociales. Que se supere al imperio romano y se aplique la Seguridad Humana que aprobó la ONU.

La Troika que impone los recortes de los presupuestos sociales y convierte los derechos humanos en papel mojado, es la misma Troika que no cuestiona los presupuestos militares que generan déficit público, que se camuflan en varios ministerios y se incrementan con la aprobación de créditos extraordinarios para pagar armas de guerra en consejos de ministros que se celebran en verano (así ha ocurrido en los últimos tres años, con Zapatero y con Rajoy). En estos momentos España tiene comprometidos más de 30.000 millones de euros con la industria militar, cinco veces el presupuesto de Canarias de este año.

Al final llegó la policía y fichó a los pacifistas. Acabarán sentándose en el banquillo de los acusados y podrían pedirles penas de cárcel por allanamiento de zona militar. Sí, en el banquillo de los acusados, ese banquillo en el que no se han sentado todavía la mayoría de los corruptos que han asaltado los presupuestos. Pero la vida sigue, el ministro de Defensa continuará comprando armas a la empresa para la que trabajó hasta que lo fichó Rajoy mientras en las cafeterías y las guaguas el pueblo que paga esas armas de guerra y sufre los recortes seguirá con su karma: “todos los políticos son unos sinvergüenzas”.

Este artículo fue publicado en La Provincia en su edición de papel y digital el pasado 16 de abril de 2014.

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Acerca de juanglujan

Juan García Luján es periodista, de las islas Canarias. Ha trabajado en radio, prensa y televisión. Entiende el oficio de periodista como la posibilidad de informar, comunicar y reflexionar en alto. Todavía cree que es una profesión útil para la sociedad. Después de 20 años de oficio no confunde libertad de empresa con libertad de expresión.
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