La avidez de las élites. Antonio Morales


roto privatizaciones

Desde los años ochenta el acoso y derribo a lo público se ha convertido en el epicentro de las políticas capitalistas más salvajes. El neoliberalismo cree que las leyes de los estados deben estar condicionadas por los intereses de los mercados y que el poder político no debe interferir en las transacciones económicas, aunque se perjudique a los intereses de un país, a sus ciudadanos o al medioambiente; sostiene que ya lo corregirá el propio mercado. Considera que con menos Estado se alcanzan mayores cotas de libertad y por eso defiende que el mercado es el que debe avalar las decisiones políticas, sociales y económicas. Según Lichtensztejn, bajo esta premisa económica, que es también política e ideológica, “la sociedad deja de concebirse como constituida por ciudadanos soberanos para convertirse, desde ese punto de vista, en la reunión de consumidores, productores y ahorradores soberanos”. Para este capitalismo devastador, el liberalismo no es sino una debilidad del sistema económico. Lo que debe imperar es el darwinismo social más radical y piensa que el Estado social que promulga la doctrina keynesiana y la capacidad planificadora y dinamizadora de la política y las instituciones no son más que un estorbo.

Desde la llegada de la crisis, el ataque a lo público se ha recrudecido. El neoliberalismo ha mostrado la peor de sus caras y está poniendo en riesgo los cimientos de las sociedades democráticas. Como señala Diego Beas , “se ha ensañado con un tema en particular: la incompetencia del Estado. De sus instituciones, su burocracia, sus programas de gasto…”. Y para ello, con el objetivo de vender sus mensajes, no duda en dar la batalla día tras día a través de los medios de comunicación y de centros de pensamiento esparcidos por todo el mundo.

En España existe un think tank neoliberal llamado Civismo que defiende que “la prosperidad viene de la mano de la libertad económica y que la excesiva regulación es un obstáculo”. No hay más alternativas que la desregulación, la escasa presión fiscal y la reducción al mínimo del gasto público. Su presidente, Julio Pomés, asevera que el Estado debe ser residual y solo debe existir para administrar un marco jurídico para las empresas, para la seguridad ciudadana y la “beneficencia para los marginados”. La sanidad, la educación, la dependencia, la vivienda…deberán correr por cuenta de cada ciudadano: “el que quiera más, que lo pague”. Cada año este centro de pensamiento elabora un Índice de Libertad Económica (siguiendo las pautas de otros centros internacionales de la misma tendencia como el Cato Institute, The Foundation Heritage, Pacific Institute y Fraser Institute) por el que se evalúa el intervencionismo y el peso del sector público de las comunidades autónomas en las prácticas económicas. En el estudio “Libertad Económica en España 2013”, Madrid se sitúa a la cabeza del ranking y tiene en cuenta, claro, el aumento del 60% de los conciertos educativos en detrimento de la educación pública; el incremento de un 15% de las plazas escolares públicas y de un 35,6% de las privadas; la disminución en un 8% de las plazas universitarias públicas mientras crecen las privadas en un 87%; la privatización de la sanidad y la bajada brutal de los presupuestos sanitarios públicos; el aumento de un 60% de las plazas en residencias de mayores en las privadas y solo en un 1% en las públicas… La Comunidad madrileña cumple muy bien el objetivo de conquistar y privatizar el Estado para beneficiar a una ideología.

En este índice de Civismo, La Rioja ocupa el segundo lugar y Canarias el tercero, por delante de Murcia, Valencia, País Vasco, Navarra, Cataluña… Pero las élites empresariales canarias no se conforman. Les parece poco un tercer puesto. Quieren que hagamos la política de Esperanza Aguirre: “¿Qué pide el Tea Party? Tres cosas: menos impuestos, menos intervención del Gobierno y más nación americana. A mi me parecen tres cosas que no están mal”. En el almuerzo de Navidad de la Confederación Canaria de Empresarios, su presidente, Agustín Manrique de Lara, culpó directamente a la Administración de dificultar la creación de empleo: “la intervención regulatoria del sector público en la economía canaria es insoportable”. Era más o menos lo que afirmó unas semanas antes su homónimo tinerfeño en un foro de Canarias7. Pero es ahora el Círculo de Empresarios (en realidad son los mismos empresarios) el que sale a la palestra con idéntico soniquete. En un Manifiesto publicado el pasado fin de semana, se hace referencia al REF, por cierto sin citar los recortes del Gobierno del PP, y sin que aparezcan por ningún lado sus intenciones de trasladar fuera de Canarias los ahorros producidos por los incentivos fiscales. Tras citar también a los cruceros, puertos y aeropuertos, aduanas, incentivos fiscales, etc, como elementos claves, este lobbie empresarial se centra en el mensaje de que es la Administración la que impide el desarrollo de Canarias: “están incurriendo en una grave irresponsabilidad económica y social”. Para los empresarios del Círculo, la competitividad y la productividad (que casi siempre significa más horas de trabajo por menos sueldo) deben trasladarse también a las instituciones públicas y se debe eliminar el entramado legislativo que provoca una “intervención desmedida en el mercado” de los poderes públicos. Y citan a la bicha de la moratoria y piden su derogación inmediata obviando que nació fruto del consenso social para vigilar el impacto de las actividades económicas sobre el territorio, para frenar el agotamiento de los recursos, para controlar los residuos y para garantizar infraestructuras básicas de transportes, seguridad, energía, agua… Y equiparan el desarrollo sostenible con un “frenazo insuperable”. Eso sí, no rechazan que la Administración debe existir para dirimir enfrentamientos o para pagar los fiascos.

Todo apunta a que estamos ante una nueva ola inmobiliaria, (El Mundo titulaba que “los ricos vuelven al ladrillo”) y que parece que no ha servido de nada la lección de la burbuja del hormigón. Y no podemos olvidarnos de que, como dice Francisco J. Laporta, “en la economía de mercado hay desastres: hipotecas, artimañas financieras, quiebras, despidos, pobreza…Pero se han producido solos. Es el único espacio ajeno a la responsabilidad”. Profundizar en la desregulación no nos va a traer sino más pobreza, más fragilidad medioambiental.. Es pan para hoy y hambre para mañana.

Sin duda es necesario el consenso y la participación de todos (administraciones públicas e iniciativa privada) para la gestión de los recursos públicos y para el desarrollo de la economía. Para deslindar dónde puede intervenir el mercado y para saber qué ámbitos no le pertenecen. Pero desde el diálogo y no desde la oligarquía de los dividendos, como diría D’ Arcais. Para evitar que se sigan abriendo brechas en la sociedad. No puede ser que los mercados y sus agentes decidan por la ciudadanía en la economía, la política, la familia, el individuo… Como dice Jordi Sevilla, “la capacidad del capitalismo para crear riqueza no puede ser fundamento exclusivo de su legitimidad”. No podemos permitir que se someta el orden democrático, las libertades y las garantías de equidad e igualdad a decisiones de “mercados”. No podemos aceptar desde un punto de vista democrático lo que planteaba Friedman: “Solo una crisis -real o percibida- da lugar a un cambio verdadero. Cuando esta crisis tiene lugar, las acciones que se llevan a cabo dependen de las ideas que floten en el ambiente. Creo que ésa ha de ser nuestra función básica: desarrollar alternativas a las políticas existentes, para mantenerlas vivas y activas hasta que lo políticamente imposible se vuelva políticamente inevitable”.

*Antonio Morales es alcalde de Agüimes. El artículo fue remitido por su autor a nuestro blog para su publicación.

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Acerca de juanglujan

Juan García Luján es periodista, de las islas Canarias. Ha trabajado en radio, prensa y televisión. Entiende el oficio de periodista como la posibilidad de informar, comunicar y reflexionar en alto. Todavía cree que es una profesión útil para la sociedad. Después de 20 años de oficio no confunde libertad de empresa con libertad de expresión.
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