Manifiesto de la Comunidad Educativa Canaria de apoyo a la huelga del 24-O


huelga NO LOMCE

Toda la comunidad educativa canaria (padres y madres, estudiantado, profesorado univers
itario y no universitario y personal laboral) y las organizaciones sindicales, políticas y socia
les adheridas a este Manifiesto muestran con la Huelga General de la Educación del 24 de octubre,
su total rechazo a la degradación sistemática que está sufriendo la Educación Pública, así como a su to
tal desmantelamiento a través de la aprobación de la LOMCE y de los recortes económicos promovidos por el Gobierno
del Estado y por el Gobierno de Canarias.
Las políticas capitalistas aplicadas con la excusa de la crisis económica, en pro de la búsqueda de u
na supuesta austeridad, están transformando una Educación que ya de por si tiene muchas carencias, en una carrera
de obstáculos que muchos estudiantes no podrán salvar, en la que serán tratados como mera mercancía, y en las que el
profesorado cada vez más expoliado de sus derechos, no será tomado en consideración a la hora de planificar la po
lítica educativa.
Las agresiones a la educación del Gobierno de Rajoy forman parte del plan de ajuste impuesto para sacar tajada
de los servicios públicos que sufren una tendencia hacia la privatización y de la merma de derechos de
los trabajadores, siguiendo los dictados de las políticas auspiciadas por Merkel y sus socios de la Unión Europea, que son aplaudidas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que no pretenden más que la mercantilización de derechos fundamentales, como lo son la Sanidad o la Educación.

Las consecuencias de las políticas devastadoras que implican la LOMCE y los recortes educativos serán
especialmente graves en nuestro Archipiélago por los altos índices de pobreza y paro, el abandono tempr
ano y el fracaso escolar, o los altos precios de la cesta de la compra, unido a las dificultades para acceder a una vivienda, entre otras cuestiones.
En Canarias el Gobierno de Paulino Rivero y José Miguel Pérez viene aplicando esa misma receta amarga
para los de abajo y dulce para los intereses económicos privados. Mientras critican los recortes económicos
, aumentan ratios, la generalización de contratos por horas o la generalización de centros a compartir, la reducción de plantillas y de oferta educativa en las enseñanzas post-obligatorias, aplican la reducción de departamentos didácticos, sacando adelante sus medidas a golpe de decreto.
Por su parte, las universidades públicas canarias,con la complicidad de sus rectores, José Regidor y
Eduardo Domenech, imponen este curso sus “Normas de permanencia y progreso”, con las cuales se degrada aún más
la enseñanza universitaria, y el estudiantado tendrá a ún más dificultades para poder realizar sus estudio
s, pues impiden que puedan organizar los mismos en función de sus necesidades, obligándoles a matricularse de uin número mínimo de créditos, y de las asignaturas pendientes, lo que con las abusivas tasas universitarias, se hace imposible en muchoscasos, por lo que un elevado número de estudiantes no podrán terminar sus estudios. Esta normativa de “permanencia y progreso” no es más que un ejemplo del modelo de Universidad mercantilizado que supone el Plan Bolonia.
La comunidad educativa muestra así su total rechazo a la degradación sistemática que está sufriendo la educación a causa de unas políticas de austeridad injustas que tienen como objetivo el desmantelamiento de los servicios públicos, aquellos que deben garantizar unas condiciones de vida dignas para toda la ciudadanía, en condiciones de igualdad y de equidad social.

Todas esas medidas en materia educativa emprendidas por el actual Gobierno estatal lesionan gravemente el derecho a la educación y sirven al objetivo básico de sentar las bases de un modelo social y productivo basado en la desigualdad.

NO A LA LOMCE

Esta es una contrarreforma fundamentalmente ideológica, basada en una determinada concepción de la sociedad. Es una contrarreforma impuesta, sin diagnóstico ni debate ni consenso cuyo modelo:

· Consolida los recortes educativos, la degradación de las condiciones laborales del personal docente universitario y no universitario y del personal laboral y abre la puerta a una dura reconversión en el sector.

· Se ha diseñado a espaldas de la comunidad educativa. No ha permitido analizar ni debatir los posibles problemas de nuestro sistema educativo.

· Es una ley privatizadora que convierte a la educación en un bien individual. Mediante un cambio radical de objetivos, la educación deja de estar considerada como un derecho fundamental que debe ser garantizado mediante una red escolar de centros públicos de calidad, para someterla a las leyes del mercado.

· Es una ley segregadora: por sexo, por lengua, por nivel adquisitivo (zona única de escolarización, rankings de centros), por nivel académico (reválidas, itinerarios sin salida, “altas capacidades”), por religión o por la especialización de centros.

· Establece itinerarios excluyentes, que seleccionan y clasifican al alumnado, incluso antes de finalizar la educación obligatoria.

· Elimina el derecho de participación de la comunidad educativa en los centros, dejando a los consejos escolares como meros órganos consultivos, coartando la toma de decisiones tanto por el personal docente como de los demás miembros de la comunidad escolar.

· Concede un poder casi absoluto a los directores para aprobar el proyecto de centro y decidir en la selección de los profesores.

· Las pruebas externas en primaria y de reválidas al final de la ESO y del bachillerato, suponen desprecio a la labor docente y elimina la evaluación continua. Implanta una competencia desigual entre centros y zonas geográficas con diferente renta y nivel social, abriendo la puerta al “ranking de centros”. Concibe la evaluación como una carrera de obstáculos.

· Pervierte la autonomía de los centros, dando prioridad a los de especialización curricular, que profundizan en la selección del alumnado, en la desregulación y en la quiebra de la igualdad de oportunidades. Sin embargo, no establece medidas que favorezcan la equidad.

· Excluye otras funciones educativas propias de una sociedad democrática, eliminando la educación en valores. Retrocede en la igualdad de género y en la educación mixta. Además introduce como elemento mercantilista el “emprendimiento empresarial”. Obliga al alumnado a cursar religión o su alternativa, cuando las religiones deberían estar fuera del currículum y del horario escolar.

· Reduce la optatividad y en consecuencia las materias de modalidad en el Bachillerato, lo que llevará a un recorte importante de profesorado, en torno a 5.000 a nivel de estado.

· Genera inestabilidad de las plantillas de los centros incidiendo negativamente en la calidad educativa. Provocará movilidad forzosa y despidos. El profesorado interino, junto con el personal laboral, será el primero en ser despedido.

· Elude las recomendaciones de distintos organismos internacionales de priorizar las inversiones en educación. No considera factores de calidad del sistema los recursos humanos y materiales, la ratio, la formación continua y los servicios educativos complementarios.

· Establece una formación profesional básica que llevará necesariamente a una segregación temprana del alumnado para trasladarle al mundo laboral con una mínima formación (mano de obra barata) y excluyéndole de la formación reglada y de las vías de integración, que afectará principalmente al alumnado con mayores dificultades socioeconómicas. Ello, lleva a la creación de “centros gueto”, con grave incidencia en las condiciones laborales de los trabajadores.

· Parte de una concepción centralista con desprecio hacia las lenguas cooficiales y la obligatoriedad de sufragar con dinero público la impartición de las clases de castellano.

NO A LOS RECORTES EDUCATIVOS

Los recortes educativos responden a una estrategia calculada para debilitar y degradar la calidad del sistema educativo y avanzar en su privatización. Además, no suponen ninguna solución a los problemas reales de la educación pública. Los ejes de esta política de degradación son:

· Drástica reducción de las plantillas: en contradicción con el incremento sostenido del alumnado y de las múltiples opiniones cualificadas que recomiendan el desarrollo de planes para reducir el fracaso escolar y el abandono temprano, los cuales requieren un mayor número de docentes y de otros profesionales del sector educativo (auxiliares, cuidadores…).

· La reducción de medidas y servicios de apoyo fundamentales: recursos destinados a becas en todos los niveles, servicios complementarios (comedores, transporte, libros y material escolar), aulas de apoyo, medidas de atención a la diversidad… Como consecuencia, muchos alumnos dejarán de recibir las ayudas educativas y económicas que necesitan para acceder a la educación en igualdad de condiciones, premisa indispensable para posibilitar la cohesión social.

· La eliminación de las subvenciones y/o ayudas a las AMPAS y Asociaciones Estudiantiles, por ejemplo, para mantener actividades extraescolares de calidad a precios asequibles o garantizar la participación de estas en los diferentes foros educativos.

· El encarecimiento y la limitación en el acceso a las enseñanzas fundamentales para la sociedad, que deben ser suficientes y gratuitas. Brutal reducción del presupuesto destinado a la educación pública, salvaje política privatizadora, desorbitado incremento de las tasas universitarias, reducción del número y cuantía de las becas, deja de ser gratuito el acceso a la educación infantil, la formación profesional y a otras enseñanzas de régimen especial (idiomas, artísticas y musicales), recorte del mapa de titulaciones universitarias y de FP en un contexto de paro juvenil que supera el 50%. Contradictoriamente, se despilfarra en cuestiones innecesarias, como el uso abusivo de las horas extraordinarias, mientras envían a miles de profesionales al paro.

· La reducción y paralización, drástica, tanto de la construcción de nuevas infraestructuras en todos los niveles como de la remodelación de las antiguas(centros para I+D, nuevos centros educativos…) La reducción drástica del presupuesto de los centros para atender a las necesidades ordinarias de funcionamiento y mantenimiento.

· El empeoramiento generalizado de las condiciones en que se debe trabajar en los centros. El incremento de la jornada de trabajo y de las tareas burocráticas de todos los/as profesionales de la educación, la no cobertura de las ausencias inferiores a 15 días y unas ratios excesivas (número de alumnos/as por aula) tanto en las clases como impiden el adecuado tratamiento de la diversidad, así como en los comedores escolares), reduciendo las posibilidades de éxito escolar; lo que ha supuesto la pérdida de miles de puestos de trabajo en Canarias. Debemos resaltar como este empeoramiento dificulta enormemente el desarrollo de la faceta investigadora de las universidades públicas canarias.

· La vulneración sistemática de los acuerdos laborales por unas condiciones de trabajo dignas para los trabajadores/as de la enseñanza, docentes y personal laboral. Esta administración se ha caracterizado por un menosprecio absoluto a la negociación colectiva y un incumplimiento sistemático de las condiciones de trabajo pactadas. Los y las docentes han sufrido recortes salariales que han rebajado su poder adquisitivo en más del 25%, han perdido la gran mayoría de los beneficios sociales que tenían, deben hacer mucho más trabajo con muchos menos recursos, con un incremento sostenido de la carga de trabajo que atenta contra la calidad de la educación y sobre su estado de salud, amenazada también por los recortes de las prestaciones por situaciones de incapacidad laboral temporal.

· El recorte unilateral de derechos sociales, cuya última expresión es la reforma unilateral y vía Real Decreto-Ley de la jubilación anticipada y parcial que supone un endurecimiento injusto para el acceso a la jubilación. Defendemos el sistema público de las pensiones

Todos estos recortes tienen como finalidad reducir en más de un tercio el dinero destinado a la educación en todo el estado desde que gobierna el Sr. Mariano Rajoy. Al tiempo que se sientan las bases para una inminente privatización de la educación, convirtiéndola en un negocio rentable por no tener que afrontar la atención al alumnado más desfavorecido. Una vez más, se pone una necesidad social básica al servicio de los intereses económicos de una minoría.

Por todo ello llamamos a la participación de todos los sectores del ámbito educativo canario a secundar la jornada de huelga general de educación del jueves 24 de octubreque culminará con concentraciones y/o manifestaciones en todas las islas a partir de las 19.00 h., así como a seguir en la brega, continuando la participación en futuras movilizaciones en defensa de la Educación Pública.

No nos conformemos, el presente y el futuro de nuestra sociedad depende de ello, di NO a la LOMCE, dí no a los recortes educativos con tu participación y presencia en las diferentes movilizaciones.

¡ Ni recortes ni LOMCE !

Anuncios

Acerca de juanglujan

Juan García Luján es periodista, de las islas Canarias. Ha trabajado en radio, prensa y televisión. Entiende el oficio de periodista como la posibilidad de informar, comunicar y reflexionar en alto. Todavía cree que es una profesión útil para la sociedad. Después de 20 años de oficio no confunde libertad de empresa con libertad de expresión.
Esta entrada fue publicada en comunicado de prensa, cultura, educación, manifestación, movimientos sociales, política. Guarda el enlace permanente.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s