Libertades neoliberales. Antonio Morales


neoliberalismo a morales

En la década de los ochenta, el neoliberalismo se va adueñando de la economía y de la política para romper con el modelo de capitalismo que había cedido demasiadas posiciones al Estado de Bienestar y a los derechos de los trabajadores, rémoras para la competitividad. La eficiencia y la competencia solo se pueden alcanzar, según sus tesis, dejando vía libre al mercado, que se regula solo, y disminuyendo el Estado a su mínima expresión. Las privatizaciones son el eje fundamental de este cambio de paradigma y se extienden por el mundo como una epidemia sin control.

La experiencia pronto pone de relieve que la privatización no siempre facilita la liberalización de la economía y se potencian entonces, como un mal menor, organismos reguladores de la competencia para evitar los oligopolios. En realidad los cárteles, en un mercado libre -sostiene el neoliberalismo- no necesitan controles porque se ajustan solos ya que siempre existirán empresas dispuestas a competir. Pero eso nunca es así. En la práctica los oligopolios se adueñan de los mercados, cautivan a los consumidores, chantajean al Gobierno y se convierten en un poder incontrolable. El ejemplo más sangrante lo tenemos en el trust de las eléctricas en España. Sin embargo, para mantener este status de dinero y poder sobran los organismos reguladores, sobran los mecanismos garantistas de la competencia…

Esa y no otra –con la colaboración de las presiones públicas y notorias de Telefónica y las eléctricas- debe ser la razón por la que Mariano Rajoy ha decidido acabar de un plumazo con los órganos reguladores independientes españoles, creando a cambio un único superregulador ligado directa y estrechamente al Gobierno. Frente a la existencia de la Comisión Nacional de la Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de la Competencia, el Comité de Regulación Ferroviaria, la Comisión Nacional del Sector Postal, la Comisión Nacional del Juego y la de Regulación Económica Aeroportuaria, el Ejecutivo del PP ha optado por hacer tabla rasa sustituyéndolas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia con escasa autonomía financiera y capacidad organizativa. Y se ha desatado la caja de los truenos.

La CNE, especialmente beligerante en los últimos meses contra la Ley de la Reforma Eléctrica, ha puesto el grito en el cielo denunciando que las funciones de inspección del sector eléctrico y gasista, la protección de los consumidores y el control de las operaciones empresariales se trasladan ahora al Gobierno. Se quiebra, por tanto la “imparcialidad y la transparencia”, la existencia de una naturaleza jurídica distinta y la independencia del regulador. Es lo mismo que manifiestan la Comisión Nacional de la Competencia (dinamitada ahora, 50 años después de su creación), la de Telecomunicaciones, muchos colegios profesionales, partidos políticos, organizaciones sociales… Incluso Bruselas amenazó, en los primeros momentos, con bloquear la fusión.

La medida se ha cocido no sin ciertas y abruptas diferencias dentro del propio Partido Popular, y pronto se hacen visibles las discrepancias abiertas entre Luís de Guindos y el tándem Nadal-Soria que termina llevándose el gato al agua. Se trata, en definitiva, de hacerse con el control de un apetitoso poder que aúna los intereses políticos con los de los cárteles para fijar regulaciones y precios al margen de la competencia. Y desde los primeros momentos se les ve el plumero: nombran presidente a José María Marín Quemada, docente, miembro del centro de pensamiento Real Instituto Elcano, consejero del Banco de España y antiguo director de relaciones institucionales de Cepsa, a otros miembros del PP, además de PNV y CiU e intentan colar a la sobrina de De Guindos y a la hija de Arias Cañete, entre otras gracias.

Este nuevo zarpazo a la independencia de los organismos reguladores se une a que la Comisión Nacional del Mercado de Valores está presidida –no sin un gran escándalo- por la exministra de Aznar, Elvira Rodríguez, y a que el Tribunal Constitucional lo está por otro militante del PP, Francisco Pérez de los Cobos. Pura soberanía de órganos independientes y fundamentales del Estado.

Se pone en marcha un cambio que no tiene ningún precedente en Europa y se propicia un cuestionamiento sin parangón de la imparcialidad y credibilidad de los órganos reguladores. Se abre paso a la arbitrariedad, como denunciaron Jesús Fernández-Villaverde y Luís Garicano en El País a finales de septiembre cuestionando la capacidad de los nombres propuestos para la nueva comisión y sus conocimientos técnicos e independencia del poder. Se logra así, afirman, una CNMC dócil y que el gobierno disfrute de manos libres “para conseguir sus objetivos de corto plazo, sin importarle excesivamente las reglas y, en consecuencia, el bienestar de España a largo plazo”.

Si hasta ahora los oligopolios eléctricos y de telecomunicaciones han campado a sus anchas a pesar de la existencia de organismos reguladores independientes que han funcionado con ciertas garantías ¿qué será a partir de ahora de los consumidores, de la libre competencia, de las renovables, de las garantías jurídicas…?

Les importa poco. Había que tomar medidas. Según el índice de Libertad Económica, avalado en España por FAES y elaborado por The Wall Street Journal y The Heritage Foundation (uno de los centros de pensamiento neoliberales con más peso), este país ha descendido en los tres últimos años más de diez puestos en el ranking mundial de países económicamente libres, debido a que se ha recortado más la libertad financiera, fiscal y monetaria que el gasto público y los derechos laborales. Según este informe solo existen cinco economías libres: Hong Kong, Singapur, Australia, Nueva Zelanda y Suiza (¿no les suenan las voces que nos dicen que Canarias debe ser la Singapur o el Hong Kong de este lado del Atlántico?) y las libertades esenciales para avanzar en este índice deben ser las que garanticen la propiedad privada, pocos impuestos y exiguo gasto público, máxima facilidad (sin límites) para crear y mantener una empresa, libre despido y supresión del salario mínimo, estabilidad de precios con nulo control del Estado, supresión de aranceles y barreras a la importación y la exportación, libre movimiento de capitales dentro y a través de las fronteras y mínima intervención estatal en las instituciones financieras y bancos.

Se están dando prisa. Tienen que escalar puestos en el índice. En esas están, mientras no dejan de aumentar la pobreza y la desigualdad.

*Antonio Morales es alcalde de Agüimes (Gran Canaria). Este artículo fue remitido por su autor a nuestro blog para su publicación.

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Acerca de juanglujan

Juan García Luján es periodista, de las islas Canarias. Ha trabajado en radio, prensa y televisión. Entiende el oficio de periodista como la posibilidad de informar, comunicar y reflexionar en alto. Todavía cree que es una profesión útil para la sociedad. Después de 20 años de oficio no confunde libertad de empresa con libertad de expresión.
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Una respuesta a Libertades neoliberales. Antonio Morales

  1. Sebastián Doreste Abreu dijo:

    Cuando concluya el “mandato” (así lo llaman) de Gobierno del PP. a España no la conocerá ni Dios, acabará convertida en la particular finca de recreo del partido y sus afectos. Esperemos que los españoles habrán aprendido a no entregarles nuevamente la mayoría absoluta en las cámaras legislativas del país, ni a creer una sola palabra de sus promesas electorales, no solo incumplidas, sino burladas por estar ejecutando una política absolutamente inversa a los prometido. El pueblo tendrá que concienciarse que la actual Democracia, y su reflejo constitucional, en general, en los llamados paises democráticos y, singularmente, en España, es una quimera: los programas electorales son una pura filfa, no son vinculantes; los electores no son “mandantes”, ni los elegidos sus mandatarios. En realidad, se produce la ironía que los ciudadanos de estos países eligen a sus “DICTADORES”, a una DICTADURA OLIGÁRQUICA, por el período de cuatro años o los que cada Constitución tenga establecido. El pueblo se tiene que proponer cambiar la actual Democracia “representativa” (que, vemos, no representa a nadie), por una DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, en la que los ciudadanos participen activamente en el gobierno de su país, mediante fórmulas preestablecidas, a fin de que los políticos elegidos sean auténticos mandatarios de aquéllos.

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