Flatulencias. Antonio Morales


CARTEL_REGASIFICADORA_NO_GRACIAS

¡Están locos estos romanos! Y menos mal que son del mismo partido. Se marean y nos marean. Se dan estocadas y nos salpican. Se atragantan con el gas y soportamos todos sus flatulencias. Se intoxican y se apoderan de ellos las tonturas. El presidente del Cabildo de Gran Canaria se comprometió en diciembre de 2011 a elaborar en seis meses, a partir de un documento ya redactado por el grupo de gobierno de la anterior corporación, el Plan Especial Territorial de Infraestructuras de Hidrocarburos que, entre otras cosas, debía definir la ubicación de la planta de gas en Gran Canaria. En un pleno, celebrado en febrero de 2012 en la institución insular, reconoció que no podía cumplir con esos plazos dada la caducidad de algunos de los informes elaborados para el plan anterior y que el documento definitivo estaría en un año. Hasta el momento no se ha movido un papel.

No se ha movido un papel, pero desde hace unos meses la consejera de Política Territorial Ana Kursón empezó a dejar caer en los medios de comunicación que tenía dudas acerca de la competencia del Cabildo para elaborar el Plan de Hidrocarburos y que elevaría una pregunta en ese sentido al ministerio de Industria. También José Miguel Bravo de Laguna se agarró a la misma cantinela en varias ocasiones. En algunas generosas entrevistas de domingo de algunos medios canarios a José Manuel Soria, el ministro apuntó la posibilidad de que el Gobierno central aprobara una declaración de interés general para decidir la ubicación de la regasificadora grancanaria, sin tener en cuenta que esta medida requiere la elaboración previa de documentos, la colaboración y el consenso institucional. En fin, que parecía que se había puesto en marcha un contubernio para forzar la decisión saltándose todos los procedimientos administrativos.

Y así pareció ser cuando el pasado lunes 10 de junio, el Canarias7 se hacía eco de unas declaraciones del presidente del Cabildo en las que afirmaba que el ministerio de Industria le había respondido afirmativamente y que la planta se haría en Arinaga “por interés general”, que en este caso se traduce en un interés muy particular de unos pocos. Al día siguiente, cuando ya preparábamos las “barricadas”, el subsecretario de Industria, Energía y Turismo, Enrique Hernández Bento, interviene en el debate para afirmar con rotundidad que le había sorprendido la noticia, que no habían recibido ninguna comunicación demandando la declaración de interés general ni se había abierto expediente alguno y que la valorarían cuando la tuvieran en sus manos después de estudiar los problemas de tipo competencial que se les plantearan.

¿Ustedes entienden algo? Yo tampoco. ¿Se trata acaso de que el Cabildo se ha acobardado y no quiere tomar la decisión? ¿Puede ser que el enfrentamiento soterrado en el que se encuentran el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, el presidente del Cabildo y el ministro lleve a José Miguel Bravo a quitarse una papa caliente de encima -que va a generar una enorme conflictividad social e institucional- y se la endilgue a Soria y total, ya puestos, que se queme el responsable de Industria? ¿O es al revés?

En los próximos días se irá desenredando la madeja. Obviamente estaremos muy atentos. Lo hemos dicho por activa y por pasiva: jamás aceptaremos que la planta se instale en Arinaga. Jamás. Responderemos con todas las armas que nos permita un Estado de derecho – cada día más mermado- y apuraremos todas las acciones cívicas y políticas que se nos ocurran. Nunca aceptaremos sumisamente que se ponga una bomba de esas dimensiones en las puertas de miles de ciudadanos.

Pero, al margen de la ubicación, lo que chirría penosamente, culposamente, putrefactamente, es ese empeño en hacer llegar el gas a Canarias a toda costa. Más allá del peligro para la población, de la estocada que supone para las renovables, de las afecciones al clima o a la salud de la ciudadanía y de la dependencia del exterior, la introducción del gas en esta tierra no responde sino a la defensa del interés de los lobbies gasistas, los mismos que después deparan próvidos puestos en sus consejos de administración para los medianeros encargados de sacar sus propuestas adelante.

Y se entiende menos a la luz de los últimos datos que conocemos. Según el Economista, el ministerio hace la vista gorda para salvar los ciclos combinados de gas que no logran cubrir sus costes fijos por funcionar, en muchos casos, el 15% de las horas para los que fueron planificados, por la caída de la demanda y por el aumento de las renovables. Desde el año 2010 para acá el gas ha recibido un exceso de retribución (déficit) de casi 500 millones de euros y el Gobierno estudia en estos momentos que sean las renovables (las que más han producido electricidad en España en los últimos seis meses) las que financien -¡lo que son las cosas!- parte de los incentivos al gas: pretende que las tecnologías verdes se hagan cargo de los pagos por capacidad, que no son sino bonificaciones especiales a los ciclos combinados.

Para la Comisión Nacional de la Energía es necesario que se limiten las inversiones en infraestructuras del sistema gasista ante el escenario de demanda previsto en la actualidad ya que, solo en 2012, ha disminuido un 23% “y continuará con tendencia a la baja este año” y propone, además, la “hibernación” de numerosos ciclos combinados de gas a la vista de la actual sobrecapacidad del parque de generación. Según Antoni Peris, el presidente de la Asociación Española del Gas (Sedigás) la utilización de estas plantas ha bajado en un 40% debido a la entrada de las renovables. También la patronal eléctrica Unesa, a través de su presidente Eduardo Montes, ha pedido al Gobierno que se cierren algunos ciclos combinados dadas sus pocas horas de uso, “lo que acarrea importantes pérdidas a las empresas” y el Ejecutivo ha acordado parar centrales de gas por cuatro años para aliviar a las eléctricas que dejarían de pagar el peaje del gas, lo que afectará de nuevo a las renovables y al bolsillo de los ciudadanos. Y para muestra un botón: en estos momentos la planta regasificadora de El Musel, en Gijón, de Enagás, construida por 400 millones de euros en terrenos ganados al mar en el puerto del mismo nombre, se encuentra parada después de que fuera adjudicada la obra en 2006 y finalizada en 2012. No se ha llegado a utilizar. Como los aeropuertos sin aviones.

Con los ciclos combinados de gas y las regasificadoras se ha producido en España una burbuja por cuenta y riesgo de las eléctricas, sin nadie pedírselo, que las ha llevado a construir más de 67 plantas en todo el Estado (27.123 MW) y a recibir incentivos a la inversión de más de 2.000 millones de euros en los últimos cuatro años, muy por encima de lo que han percibido muchas renovables. Además de seguir profundizando en nuestra dependencia energética exterior y de hacernos rehenes de países conflictivos, los precios del gas natural han crecido en Europa desde 2005 en más de un 40%.

Y claro, se están jugando mucho y presionan y presionan hasta el infinito. Sabrá Dios, aunque todos nos las imaginamos, con qué armas. Y mientras, impregnados de una estulticia suicida, desprecian una y otra vez a las renovables. Y no se les cae la cara de vergüenza al reconocer que en Canarias estamos a la cola en energías limpias. Y no se abochornan ante el dato contundente que nos aportó, en las Jornadas de Comarcas Sostenibles celebradas en el sureste grancanario, hace unos días, el representante del Gobierno de Islandia al asegurarnos que su país genera el 84% de su consumo energético con geotérmica. Están atacando alevosamente a las renovables por todos los flancos (campañas mediáticas, recortes de primas, falsas denuncias como las de las fotovoltaicas, trabas administrativas…) para favorecer a los oligopolios de las fósiles.

Los datos son irrebatibles. En el año 2012 los poquísimos parques instalados en el archipiélago ahorraron 36 millones de euros en compra de combustibles fósiles, de los más de mil quinientos que nos gastamos en total: la producción de megavatio de electricidad con fósiles costó en nuestra tierra 180 euros, mientras que la energía eólica se pagó a 86,27 euros el Mw. Y, mientras, no solo no se solucionan sino se agravan las servidumbres aeronáuticas, se dilata la solución para la central hidroeléctrica de Chira- Soria al no tener fijada la retribución y sigue sin contemplarse un régimen especial para las renovables en las islas. Como si fuera casual.

Es hora de que les obliguemos, de una vez por todas, a que contemplen el verdadero interés general para potenciar, frente a las fósiles caducas y contaminantes, un modelo de renovables innovador, creador de empleo, de nuevas tecnologías, de industrias… Es hora de romper los siniestros vínculos de la política y los lobbies energéticos. Es hora de plantar cara.

*Antonio Morales es alcalde de Agüimes. Este artículo fue remitido por su autor a nuestro blog para su publicación.

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Acerca de juanglujan

Juan García Luján es periodista, de las islas Canarias. Ha trabajado en radio, prensa y televisión. Entiende el oficio de periodista como la posibilidad de informar, comunicar y reflexionar en alto. Todavía cree que es una profesión útil para la sociedad. Después de 20 años de oficio no confunde libertad de empresa con libertad de expresión.
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