Otra vuelta de tuerca. Antonio Morales


contra la troika

La pasada semana la Comisión Europea, a falta de la decisión final del Consejo Europeo, acordó otorgar más tiempo a siete países para que puedan cumplir con los objetivos de déficit. Se permite así una prórroga de dos años a España, Francia, Polonia y Eslovenia y un año más a Portugal, Bélgica y Holanda. España podrá de esta manera cerrar el 2013 con un déficit del 6,5% y el 2014 con uno del 5,8%. Parece como que nos hubiera salvado la vida. Que admite que sus políticas de recortes y ajustes han empobrecido a millones de personas y ahogado la economía de numerosos países. Induce a pensar incluso que sus miembros se han vuelto comprensivos, generosos, humanos… Nada más lejos de la realidad. La propuesta tiene trampa. Muchísima trampa. Según José Manuel Durao Barroso, presidente de la Comisión, “ahora los estados miembros deberán intensificar sus esfuerzos en reformas estructurales”. Es lo mismo que pedía Berlín hace unos días: “Hay que dar una vuelta de tuerca a la reforma laboral”.

No se trata entonces, como ingenuamente podríamos pensar, de un reconocimiento de que con recortes y ajustes y sin políticas de inversión es imposible que la economía mejore y que, de esa manera, no se atajan la sangría del paro y la pobreza. Todo lo contrario. Nos están exigiendo que profundicemos en una situación que ha producido seis millones de parados y más de 12 millones de pobres. Nos están exigiendo la extinción del Estado y el sometimiento de la ciudadanía a las élites económicas. La aceptación de una democracia huera, meramente formal, sin hombres y mujeres libres y capaces de decidir su futuro. Sin ningún pudor, la Comisión, a cambio de la prórroga, nos impone –dice que son solo recomendaciones- un decálogo de medidas profundamente neoliberales, regresivas, antidemocráticas y socialmente injustas. Y ponen plazos para que se ejecuten. Y dan prisas al Gobierno. Y da lo mismo lo que hayan votado los ciudadanos. Y da igual el sufrimiento.

Pretenden un “aumento de la eficiencia de toda la administración pública” que no es sino un eufemismo de despidos de funcionarios, recortes de salarios públicos y de la privatización de lo poco que nos queda (por supuesto que Alemania y otros países están dispuestos, como señalaban hace muy poco, a recibir a funcionarios españoles, y a los investigadores, y a los jóvenes ingenieros…) Y citan explícitamente la reforma de la Administración local -que no es ni más ni menos que el desmantelamiento de miles de municipios a los que se vacía de contenido por la vía de la cesión de competencias a las diputaciones y los cabildos- y el alejamiento de los servicios sociales de las instituciones más cercanas, quebrando la proximidad de los servicios públicos y agravando la situación de millones de personas.

Exigen una reforma fiscal profunda haciendo una llamada a la eliminación de impuestos, pero sin ninguna referencia a la recomendación laxa que hacían hace poco llamando a ser rigurosos con los paraísos fiscales. Pura demagogia. Lo cierto es que tratan de bajar los impuestos para someter al Estado, para obligar a reducir los servicios públicos y para romper el Estado social, pero no arbitran medida alguna para frenar el fraude, las evasiones, los subterfugios “legales” creados para que paguen menos los que más tienen.

Edulcorada con frases grandilocuentes sobre la necesidad de una asistencia efectiva a los parados, la Comisión vuelve a insistir en la petición de una mayor radicalización de la reforma laboral, sinónimo de la liberalización absoluta de los despidos y una decapitación de los derechos de los trabajadores, como no cesan de pedir las patronales laborales y los sectores políticos más neoconservadores. Y se atreve a reclamar que se eliminen los subsidios a los parados.

Por supuesto, las pensiones son un aspecto clave de las imposiciones. Antes de final de año España deberá realizar recortes y aportar un nuevo sistema de cálculo para establecer que la edad de jubilación vaya aumentando en función del incremento de la esperanza de vida. Y el Gobierno de Rajoy ya está en ello y para eso ha nombrado a una comisión técnica, que trabaja a marchas forzadas para minar este pilar básico del Estado de bienestar. Los “expertos” designados por el Gobierno, entre los que se encuentran miembros de las organizaciones aseguradoras privadas, del Servicio de Estudios del BBVA, de Fedea (Banco Sabadell, Santander, Repsol, La Caixa, Banco Popular, Banesto, etc) y otros ligados a empresas del sector, consultorías y universidades, ya empiezan a filtrar que las pensiones no deben acoger a las personas que caigan en la pobreza; y tampoco a las viudas o a los perceptores de no contributivas; que deberían disponer de recursos extras a través de impuestos; que en algunos casos deben sufrir rebajas de hasta un 45%; que no deben estar ligadas al IPC; que deben estar sujetas a la esperanza de vida (lo llaman equidad intergeneracional)…

También el gasto sanitario les parece excesivo y vuelven a insistir en reclamar un copago sanitario y en una tasa para los servicios de urgencias. Y les preocupan igualmente a los comisionados las deudas con las pobres eléctricas y demandan “una reforma estructural del sector” que, como ya se imaginan, pretende allanar el camino a los lobbies para hacer soportar sobre los consumidores un déficit ficticio y arbitrario, fruto de las complicidades con los gobiernos de turno y los partidos que los sustentan, cuyos lideres siempre terminan consiguiendo un puestito bien remunerado en sus consejos de administración. Y ya empieza el gobierno a filtrar que hay que subir el recibo de la luz.

Desde luego, no se podía quedar atrás la urgencia de la liberalización de los mercados por parte del Estado, que aunque aparenta una defensa de la pluralidad de ofertas y la libre competencia, en el fondo no esconde sino un ataque a la protección pública de los sectores más frágiles como las pymes. De hecho afirman taxativamente que es injustificable que se produzcan restricciones al establecimiento de las grandes superficies.

Pero claro, no pueden dejar de mostrarnos que tienen su corazoncito y demandan a España más calidad educativa y medidas contra la pobreza aumentando la empleabilidad. Sin analizar, estaría bueno, que imponiendo restricciones sin límites es radicalmente imposible reactivar la economía, el consumo y, por tanto, la creación de empleo y la mejora de la educación.

Para facilitarles la tarea, el gobernador del Banco de España Luis María Linde ha salido a la palestra pidiendo que no haya un salario mínimo para jóvenes (será para que puedan ser explotados a satisfacción), que se adelante la edad de jubilación a los 67 años cuanto antes, que se revise “en profundidad” el sector público y, además, menos sueldos y más trabajo y productividad, descuelgues en los convenios laborales, etc…

Mientras Hollande replica airado que “la Comisión no puede dictar las políticas a Francia”, Rajoy agacha la cabeza y afirma primero que “Europa ya está cambiando. Ya no habla solo de austeridad” y después, que hará las reformas “cuanto antes”. Y se dispone a asumir la batería de imposiciones que no vislumbran nada bueno, como acaba de señalar en su último informe semestral de perspectivas, la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) que augura un aumento del paro en España hasta el 28% en 2014. Y no está muy clara además la posición del PSOE, que suma a la visita de Felipe González a Rajoy, el mismo día de las andanadas de Aznar a su heredero en Antena3, unas declaraciones últimas de Rubalcaba dando su apoyo al presidente y anunciando un pacto sobre Europa. ?Será realmente para plantar cara o para aceptar lo inevitable, sumisamente, por esa “cuestión de Estado” a la que son tan dados? ?Será, como decía un “analista” el otro día, para centrar al PSOE, que se escora demasiado a la izquierda? ?Será acaso para defender juntos el bipartidismo que amenaza con derruirse?

No se trata ni mas ni menos que lo que afirma el cabeza de lista del partido liberal alemán y exministro de economía, refiriéndose a Hollande: hay que promover “una economía social de mercado en lugar de la economía estatal socialista”. Estamos asistiendo a una gran confrontación entre el capitalismo y la democracia. Los estados pierden irremisiblemente su soberanía. Se está produciendo un rechazo frontal a la política y a las instituciones, que no plantan cara y no dan respuestas. Ya no sirve de casi nada el voto de los ciudadanos. Las élites económicas están propiciando el empobrecimiento de la parte más débil de la sociedad, la desaparición de las clases medias y la anulación del Estado. Otro alemán, en este caso Dierk Hirschel, economista jefe de Sindicato Unido de Servicios de su país nos alumbraba en El País otro futuro: “Es justo reconocer que nuestros colegas del sur de Europa se defiendan frente a estos ataques. Su lucha defensiva tiene nuestra solidaridad. Debe detenerse la política de austeridad económica y socialmente destructiva. En su lugar necesitamos inversiones de futuro en educación, salud, protección al clima e infraestructuras –un plan Marshall-, así como un programa inmediato contra el desempleo juvenil. Para poder financiar todo esto es necesario aumentar la presión fiscal sobre las grandes rentas y fortunas en toda Europa. Solo una Europa social tiene futuro”. Estamos a tiempo de reaccionar.

*Antonio Morales es alcalde de Agüimes, Gran Canaria. Artículo remitido a nuestro blog para su publicación.

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Acerca de juanglujan

Juan García Luján es periodista, de las islas Canarias. Ha trabajado en radio, prensa y televisión. Entiende el oficio de periodista como la posibilidad de informar, comunicar y reflexionar en alto. Todavía cree que es una profesión útil para la sociedad. Después de 20 años de oficio no confunde libertad de empresa con libertad de expresión.
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