Embestida contra el Estado. Antonio Morales


Desmontan el Estado

El Consejo de Ministros del pasado viernes 26 de abril nos dejó una nueva retahíla de intenciones de medidas de ajustes y recortes encaminadas a convencer a la troika de las bondades de las políticas populares para la reducción del déficit. De manera ambigua y atropellada, el Gobierno aprobó un Programa Nacional de Reformas que insiste en la austeridad que nos ha llevado a una gravísima situación de empobrecimiento, paro y precariedad económica. Una vez más, se trata de actuaciones encaminadas a evidenciar la renuncia de la soberanía del Estado y a reforzar el papel de las élites económicas frente a una ciudadanía desalmada.

Pero nunca es suficiente. La derecha neoliberal, enquistada en medios de comunicación, organizaciones empresariales y formaciones políticas, no quedó satisfecha. No quedó saciada y puso en marcha una virulenta campaña de demanda de más sacrificios, menos Estado y más capitalismo salvaje. El domingo siguiente El Mundo abría su portada con un rotundo “Clamor contra Rajoy por subir impuestos sin reducir el Estado”. Un par de días más tarde Esperanza Aguirre le saltó a la yugular al presidente pidiendo menos impuestos y una reforma radical de las administraciones públicas orientadas a “reducir, privatizar o suprimir parte del sector público”. Mario Draghi tampoco perdió la ocasión para demandar menos gasto público y unos impuestos más bajos… En fin, el coro afinaba sus voces para hacer más audible el canto neoliberal a las privatizaciones y a la reducción del Estado a la mínima expresión: hay que acabar con las intervenciones inútiles, con las administraciones desbordadas y con normas y prohibiciones que agobien a los inversores… En una acción sin precedentes el periódico de Pedro J. Ramírez ha diseñado incluso una campaña mediática encaminada a exigir una bajada de impuestos, olvidando claro está, las evasiones a los paraísos fiscales, las sociedades instrumentales, las cuentas en Suiza, los impuestos progresivos…

Pretenden, ni más ni menos, lo que se ha hecho en Grecia y en Portugal en los últimos meses despidiendo a miles de funcionarios y malvendiendo empresas públicas claves y solventes (compañías aéreas, aeropuertos, televisiones, astilleros, hospitales…). Pretenden meter prisas para que se retome la política privatizadora de José María Aznar, que se desprendió de las empresas más ricas del Estado a precio “de amigos” y que hoy solo con sus ganancias cubrirían el coste de los recortes sociales que se han realizado hasta la fecha (estoy hablando de Endesa, Argentaria y Telefónica, entre otras). Pretenden acelerar el proceso de privatizaciones, anunciado por el Gobierno tanta veces, para pasar al sector privado montes públicos, hospitales, colegios, el sistema de dependencia, AENA, el agua, las autovías, los aeropuertos… Se expolian los bienes públicos para después someternos a peores servicios, a oligopolios sin control, al encarecimiento de las prestaciones…

Es la vieja diatriba del capitalismo integrista: a más Estado, más corrupción, menos libertad y menos desarrollo económico. Por eso no vacilan en ir creando un estado de opinión encaminado a desprestigiar la política, a los políticos y a las administraciones públicas. Por eso lanzaron, desde los aledaños del PP y a través de una publicación digital de extrema derecha, que España cuenta con más de 400.000 políticos y ya nadie se baja de esa cifra. A pesar de que no se llega a los 200.000, incluidos los famosos asesores, hoy mismo leía a Vázquez Figueroa repetir la dichosa cantidad. Y no hace mucho, y ante el silencio de todo el mundo, el fiscal del caso Yrichen, Carlos Fernández Seijo, pretendidamente defensor de la legalidad, se atrevió a afirmar en un juicio y faltando a la verdad, que “en España tenemos el doble de políticos que en Alemania y así funcionan las cosas”. Lo he escrito otras veces, pero no puedo sustraerme a repetirlo, aunque no tenga la fuerza ni la presencia de los que machacan con lo contrario: las administraciones públicas españolas tienen una dimensión inferior a las de la mayoría de los países avanzados y, tanto en presupuestos como en personas que los gestionan, España está en el penúltimo lugar de la UE-15. El personal al servicio del sector público en las administraciones ocupa a algo más de dos millones y medio de personas distribuidas en los tres niveles territoriales, lo que equivale a menos de un

15% de la población activa, porcentaje claramente inferior al de la media europea. Según Eurostat, el peso del sector público en España es inferior al de la media europea mientras aquí supone el 45,6% del PIB, la media de los países de la zona euro es del 50,9%. Es más, la deuda española era al inicio de la crisis en un 83% privada, pero la pública ha ido aumentando considerablemente en los dos últimos años -al mayor ritmo de la historia del país- debido fundamentalmente a los altos intereses que se está pagando por el rescate para recapitalizar la banca. Hay que deteriorar los servicios públicos, la sanidad, la educación…para dar paso al mercado salvador… Los partidos, los sindicatos, la justicia social.., no son sino rémoras obstruccionistas del desarrollo y la libertad.

Pero no sirve de nada dar las cifras reales cuando el machaqueo mediático de signo contrario es continuo. Cuando la estrategia para conseguir torcer el criterio de la ciudadanía es falaz y permanente. Cuando existe una campaña político-empresarial de tintes económico-ideológicos encaminada a crear un estado de opinión que mina lo público, las instituciones y la democracia. Como ejemplo baste las afirmaciones del ejemplar banquero del Santander, Alfredo Sáenz, condenado por la justicia y ahora jubilado con una indemnización de apenas unos 88 millones de euros (unos 14.000 millones de pesetas), que ya en el año 2004 declaraba en el Club Financiero de Bilbao que “es imprescindible desmontar el estado de bienestar europeo, y no tenemos demasiado tiempo para hacerlo”. Faltaría más, cada uno debe ser responsable de su bienestar y no el Estado. Y el que no pueda que se fastidie. ¿Que es eso de la igualdad, de la fraternidad, de un estado vigilante frente a las injusticias…? Como sostiene Ha-Jo Chang (23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo. E. Debate), “en las últimas tres décadas, los ideólogos del libre mercado nos han dicho constantemente que el gobierno forma parte del problema, no de la solución a los males de nuestra sociedad (…) Nos han dicho que un gobierno grande, que grave mucho la renta de los ricos y redistribuya el fruto entre los pobres, es malo para el crecimiento, porque resta incentivos para la creación de riqueza a los ricos y vuelve perezosas a las clases inferiores”. Jean Ziegler (Los nuevos amos del mundo. Destino) profundiza en el mismo sentido: “La privatización del mundo debilita la capacidad normativa de los estados. Pone bajo tutela a los parlamentos y los gobiernos. Vacía de sentido a la mayoría de las elecciones y a casi todas las votaciones populares. Priva de su poder regulador a las instituciones públicas. La privatización mata la ley”.

No nos puede resultar extraño entonces el resultado de la última encuesta del CIS que señala que las únicas instituciones que aprueban son la Guardia Civil, la Policía y Fuerzas Armadas, mientras el Gobierno, los sindicatos y el Parlamento son las peor consideradas. Sin duda, algunos partidos políticos, parlamentos y gobiernos, por acción o por omisión, dejan mucho que desear y han sido cómplices, pero los culpables de la crisis no son todos los políticos ni todas las instituciones. Los que gobiernan y han gobernado han traicionado la confianza ciudadana haciendo dejación de su obligación de plantar cara a los mercados -se han convertido en muchos casos en meros intermediarios- pero si existe un culpable con diferencia es un sistema financiero desregulado, depredador, que galopa sin bridas, desbocado, arrasando con el medio ambiente y los seres humanos, convertidos en meros instrumentos para el enriquecimiento de unos pocos. Por eso es muy preocupante que más de un 40% de españoles se declaren abstencionistas o no sepan a quien votar. Por eso es muy preocupante el avance de los populismos y la extrema derecha en Europa… Y es que están ganando todas las batallas. Desmantelan el Estado y se lo apropian, nos dejan huérfanos de las referencias comunitarias y destruyen los cauces para la participación democrática. Están propiciando un estallido social soterrado contra la democracia. Como dice Paolo Flores d’ Arcais, “hay que defender con firmeza que la ciudadanía manda sobre la riqueza y la política sobre la economía, “soberanamente”; si no, la igual soberanía de los ciudadanos es desautorizada por la teocracia de Mammón y cae en la oligarquía de los dividendos”.

*Antonio Morales es alcalde de Agüimes. Este artículo fue remitido por su autor a nuestro blog para su publicación.

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Acerca de juanglujan

Juan García Luján es periodista, de las islas Canarias. Ha trabajado en radio, prensa y televisión. Entiende el oficio de periodista como la posibilidad de informar, comunicar y reflexionar en alto. Todavía cree que es una profesión útil para la sociedad. Después de 20 años de oficio no confunde libertad de empresa con libertad de expresión.
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Una respuesta a Embestida contra el Estado. Antonio Morales

  1. Sebastián Doreste Abreu dijo:

    Hay que restablecer la Democracia en el País. Pero la Democracia real, la democracia directa, no lo que tenemos hoy, una supuesta democracia “representativa” en la que el elector se limita a dar “patente de corso” durante cuatro años a unos supuestos representantes que pueden hacer y deshacer los que les venga en gana, durante ese período, sin que el programa electoral que les ha llevado al poder tenga caracter de compromiso alguno. Hay que cambiar la Constitución en orden a garantizar la soberanía permanente del pueblo. El Estado debe estar dotado de todos los medios que garanticen la satisfacción de la necesidades públicas y no, simplemente, un instrumento de la oligarquía financiera para defender sus propios y exclusivos intereses. Los artículos de ANTONIO MORALES constituyen lecciones de Derecho Constitucional sobre un modelo solidario del Estado.

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