Salud en crisis. Antonio Morales*


Según el último Barómetro del CIS, correspondiente al mes de mayo pasado, la sanidad se ha convertido en la cuarta preocupación para la población española. En apenas seis meses esta inquietud por la situación sanitaria del país ha aumentado en un 35% y se sitúa solo por detrás del paro, los problemas económicos, la política y los partidos políticos. A finales de 2010 un estudio de la Fundación Pfizer ya avanzaba estos resultados. Por aquel entonces un 23,3% de ciudadanos reconocía que su salud había empeorado y un 70,1% mostraba su preocupación por el posible deterioro del sistema sanitario a corto y medio plazo debido al contexto económico. Para un 44% de la ciudadanía el estrés y la tensión en su vida cotidiana era mayor que hacía dos años.

La Directora General de la OMS ha venido mostrando desde los comienzos de la crisis su preocupación porque la situación sanitaria se pueda agravar a medida que el desempleo aumente, empiecen a fallar las redes de protección social, se vayan erosionando los ahorros y disminuya el gasto en salud. Considera que –“como ha ocurrido en el pasado”- existe un riesgo serio de que se incrementen las enfermedades mentales y la ansiedad: “Por consiguiente, es importantísimo que aprendamos de errores anteriores y afrontemos la mala coyuntura económica aumentando las inversiones a favor de la salud y del sector social. (…) Un compromiso a favor de la cobertura universal no solo protege a los pobres sino que es el modo más asequible y eficiente de utilizar los recursos cuando escasean”.

Hace unos días el Consejo Económico y Social afirmó con rotundidad que recortar en educación, sanidad y dependencia “cronificará” las desigualdades más allá de la crisis en un país que se empobrece más rápido que el resto de la UE y que presenta uno de los índices más altos de exclusión social, con uno de cada cuatro hogares en riesgo de pobreza. El profesor Josep L. Barona (El precio de la enfermedad) nos decía hace unos días cómo los Ilustrados de fines del XVIII ya eran conscientes de que la pobreza y la desigualdad “constituyen el principal factor patógeno” y que la desigualdad social arruina a las naciones y es el enemigo principal del progreso. En el mismo sentido se expresaban recientemente la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), que insisten también en destacar la importante correlación entre el gasto en protección social de un país y la mortalidad y en ratificar que hay una relación directa entre la economía y la salud, por lo que en periodos de crisis se constatan problemas de desnutrición, de obesidad, de violencia doméstica con repercusiones en la salud infantil, de auge de las enfermedades mentales (han aumentado en un 15% las consultas desde el 2008 y afectan significativamente a las clases medias y empresarios). Señalan igualmente un incremento de la mortalidad ligada a enfermedades cardiovasculares, traumatismos y suicidios: “por eso mismo rechazamos los recortes en los servicios sanitarios públicos y el establecimiento de barreras económicas para acceder a ellos”. Y podría seguir aportando datos, pero lo resume todo Sergi Raventós (Crisis económica y salud mental) citando a Thomas McKeown (Los orígenes de las enfermedades humanas. Triacastela): “el mayor avance que podría hacerse en el campo de la salud sería eliminar las grandes desigualdades que existen entre los pobres y ricos, la eliminación de las desigualdades de la salud exige la distribución de la riqueza y es probable que en definitiva dependa de la eliminación de la pobreza. En el mundo actual, la mala salud se debe menos a la falta de recursos que a su distribución desigual entre naciones y dentro de ella”.

Desgraciadamente, y frente a lo que dicen los expertos, en España el Gobierno del PP rema empecinadamente, irresponsablemente y dolosamente en sentido contrario. Mariano Rajoy que nos repitió por activa y por pasiva que no tocaría nunca la sanidad y que no era partidario del copago –“no es un asunto que esté sobre la mesa”-, ha puesto en marcha una contrarreforma sanitaria que supone un grave retroceso al llevarnos a la etapa anterior a la Ley General de Sanidad de 1986, que supuso una auténtica conquista social que garantizaba la asistencia universal. Y eso que el gasto sanitario español está situado un punto por debajo que el de la media europea.

Al tiempo que se ha sometido a la sanidad pública a un recorte brutal de más de 7.000 millones de euros -en Canarias ha sido de 600 en tres años y nos anuncian muchos más- el ministerio de Sanidad pone en marcha una modificación en profundidad que avanza hacia la posibilidad de que los que más tengan puedan acceder a seguros privados financiados con fondos públicos y a establecer un sistema de copago que afecta directamente a pensionistas, enfermos crónicos y personas sin recursos o con pocos recursos que no podrán pagar sus medicamentos. Por supuesto que todo ello aderezado además con un tinte de inconstitucionalidad y de xenofobia brutal al criminalizar y dejar fuera del servicio, inhumanamente, a los inmigrantes no regularizados. Se tendrán, además, que pagar las prótesis, los transportes sanitarios y las medicinas; se excluyen, ambiguamente, servicios que hasta ahora se prestaban; se eliminan los fármacos para síntomas menores y se intenta dejar fuera igualmente a los jóvenes a partir de 26 años (afortunadamente, en esto han tenido que recular).

Y se abre la puerta a la privatización de servicios esenciales. Es la razón de fondo sin ningún género de dudas. Las urgencias colapsadas, los quirófanos de tarde eliminados, las interminables listas de espera, los hacinamientos hospitalarios, la escasez de medios, los recortes en investigación, la disminución de las plantillas de funcionarios, el aumento de sus horas de trabajo.., son el exponente de la pérdida de calidad de una sanidad hasta ahora modélica y son también, esencialmente, elementos disuasorios del uso de la sanidad pública. Una estrategia que casa perfectamente con el aumento de los conciertos y las externalizaciones, la introducción de empresas privadas en los centros públicos y las privatizaciones de hospitales. No es casualidad entonces el aumento importante de los seguros personales privados (más de diez millones de españoles ya disponen de uno) ni que en lugares como en Valencia o Madrid se empiece a poner en marcha un sistema de gestión privada en sus hospitales.

Como siempre, la excusa de los recortes y los ajustes por motivos económicos para imponernos el modelo neoliberal. Para ahuecar lo público. Para convertirnos en individuos que debemos existir para consumir y para ser objetos de beneficio económico. Como dice Adela Cortina (¿Sanidad sostenible?), en el mundo de la enfermedad el “beneficio” no ha de medirse en dinero sino en bienestar de las personas, de todas las personas, resulte su salud rentable o no para el conjunto de la sociedad: “si las metas de la sanidad son fundamentalmente prevenir la enfermedad, curar lo que puede curarse con los medios disponibles, cuidar lo que no puede curarse y ayudar a morir en paz, la rentabilidad del mundo sanitario ha de medirse en términos de ese beneficio”. Pero han elegido otro camino: el enriquecimiento de unos pocos.

*Antonio Morales es alcalde de Agüimes. Este artículo fue enviado a nuestro blog para su publicación.

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Acerca de juanglujan

Juan García Luján es periodista, de las islas Canarias. Ha trabajado en radio, prensa y televisión. Entiende el oficio de periodista como la posibilidad de informar, comunicar y reflexionar en alto. Todavía cree que es una profesión útil para la sociedad. Después de 20 años de oficio no confunde libertad de empresa con libertad de expresión.
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