Hoy sábado acto por los Derechos Sociales en Parque San Telmo*



Nos negamos a que el acceso a la Educación, La Sanidad o los Servicios Sociales venga determinado por la capacidad económica de las personas

Los servicios públicos están siendo una de las principales víctimas de la actual recesión económica y, especialmente, de las políticas que los gobiernos aplican frente a la misma. Políticas que están conduciendo a la parálisis económica y al masivo desempleo, al tiempo que una buena parte de la población se encuentra sin cobertura de sus necesidades básicas, sin recursos estables y suficientes para desarrollar una vida digna.

Los servicios públicos están siendo injustamente señalados por los gobiernos conservadores como culpables de una crisis en la que no tuvieron nada que ver y de la que son responsables la falta de control sobre las entidades financieras y las operaciones especulativas, así como el estallido de la artificial burbuja inmobiliaria.

Se les desprestigia y se les descapitaliza en beneficio de su progresiva privatización. Reduciendo sus prestaciones, así como estableciendo medidas, como la subida de tasas universitarias o el repago sanitario, que castigan a los más débiles, dificultando su acceso a los mismos.

Los aspectos reconocidos en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”, son sustituidos por un discurso y unas decisiones políticas dirigidas a vaciar lo público y a que el acceso a la educación, a la sanidad o a los servicios sociales venga determinado por la capacidad económica.

En Educación, a los 3.400 millones detraídos de este fundamental servicio público en los dos últimos años en el conjunto de España, se suman otros 3.000 decididos por el Gobierno de Rajoy que supondrán mayor número de alumnos por aula, menor atención a los estudiantes con dificultades de aprendizaje, despidos de decenas de miles de docentes, incremento de las matrículas universitarias y menos becas. Lo que producirá mayor fracaso escolar, situación que afectará especialmente a los sectores con menor nivel sociocultural; y un incremento de las desigualdades en el acceso a la educación. Lo que impactará mucho más en una comunidad, como la canaria, que presenta un notable retraso educativo sobre la media estatal y europea.

En Sanidad ocurre otro tanto. Con la progresiva reducción de sus presupuestos y el consiguiente despido de profesionales, el incremento de listas de espera y el retroceso en la calidad asistencial. A lo que se añade, ahora, el establecimiento del copago, inicialmente solo en las medicinas. Una medida que afecta especialmente a las personas con menor poder adquisitivo: pensionistas, parados y empleados con bajos sueldos. Hay que recordar que el Archipiélago tiene casi 350.000 parados EPA, el 31% de su población activa, cifra que se incrementará en el próximo período, y los salarios más bajos de España, junto a los más elevados índices de pobreza.

Similar y negativo camino han seguido en nuestro Archipiélago los Servicios Sociales. El Gobierno canario les ha reducido su aportación en 140 millones de euros en los últimos tres presupuestos autonómicos; y Canarias se encuentra a la cola de las comunidades autónomas en inversión por habitante en políticas sociales, cuando uno de cada tres de sus habitantes está en situación de pobreza y las políticas económicas en marcha harán que se continúe incrementando el desempleo y la exclusión social. La Aplicación de la Ley de Promoción de la autonomía y atención a personas en situación de dependencia ha sido, asimismo, enormemente deficitaria en las Islas.

Frente a esta situación, exigimos:

Un profundo cambio en las actuales políticas económicas, dirigido a priorizar los derechos sociales y el reparto equitativo de la riqueza

El respeto a los más elementales derechos humanos y sociales, hoy gravemente vulnerados.

El rechazo a los recortes presupuestarios en Sanidad, Educación y Servicios Sociales, que empeoran la calidad de vida, contribuyen a una sociedad más desigual e injusta y proceden a la demolición del Estado del Bienestar.

La defensa de unos servicios públicos universales y de calidad financiados de manera segura, estable y suficiente.

Una fiscalidad más progresiva, así como un mayor control del fraude y la eliminación de los paraísos fiscales, que contribuya a aumentar progresivamente las partidas destinadas a los servicios públicos, para poder acercarnos a la media de los países más desarrollados.

Incremento de las partidas de la Comunidad Canaria destinadas a la acción social, dada la especial crudeza de la crisis en el Archipiélago y el incremento del número de personas vulnerables y que carecen de cualquier tipo de prestación.

La implementación de una renta básica universal e incondicional, comenzando por los parados y paradas que no reciban ninguna prestación.

La creación de un parque de vivienda pública en régimen de alquiler con un coste máximo de un 20% de los ingresos que se reciben.

Con todo, hacemos un llamamiento a la sociedad a secundar las acciones que se convoquen por la defensa de los derechos y los servicios públicos de calidad y al alcance de todas las personas.

*Este manifiesto fue remitido a nuestro blog por la Red Canaria de Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales (Redesscan), el movimiento social Otra Educación Pública es Posible y la Coordinadora por la Salud y la Sanidad Pública de Canarias, que organizan el acto reivindicativo que se celebra este sábado 26 de mayo en el Parque San Telmo (de 12 a 2 del mediodía) con talleres, juegos infantiles y charlas sobre los servicios sociales públicos.

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Acerca de juanglujan

Juan García Luján es periodista, de las islas Canarias. Ha trabajado en radio, prensa y televisión. Entiende el oficio de periodista como la posibilidad de informar, comunicar y reflexionar en alto. Todavía cree que es una profesión útil para la sociedad. Después de 20 años de oficio no confunde libertad de empresa con libertad de expresión.
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