Más de 3 millones de personas dejarán de recibir ayudas sociales municipales*


Los recortes en política social que planea el Gobierno en los Presupuestos Generales dejarán a 3.244.338 personas sin la ayuda directa que recibían de sus ayuntamientos. El Gobierno prevé pasar de 6.724.016 usuarios a 3.479.678. En total, los presupuestos destinan un 42,4% menos al Plan Concertado, la partida que el Estado destina a financiar las políticas sociales de atención primaria, que se prestan en los ayuntamientos. De los 86.633.150 millones que se destinaron en 2011, se pasará a 49.913.840 este año.

El Consejo General del Trabajo Social (CGTS) rechaza estos presupuestos, que además, supondrán la eliminación de 12.265 puestos de trabajo directos: de 28.858 trabajadores y trabajadoras sociales que trabajaban en acciones del Plan Concertado en 2011, se pasará a 16.593. La presidenta del CGTS, Ana I. Lima, critica que “el Gobierno diga que quiere perseguir que los servicios públicos sean universales y mejorar las políticas del Bienestar, mientras recorta por otro lado”. Lima denuncia que “los recortes son desproporcionados, injustos e insolidarios” y advierte de que “las cuentas que prevé el Gobierno atentan contra la cohesión social y provocarán un enorme retroceso en el Estado de Bienestar”. El Consejo alerta del retroceso de más de 20 años en los Servicios Sociales.

El CGTS, tras el acuerdo de todos los Colegios Profesionales del Trabajo Social, ha comenzado una ronda de contactos con los portavoces parlamentarios instándoles proponiéndoles enmiendas a los presupuestos que garanticen la atención social universal. Una de las alternativas que proponen para recaudar y no recortar es la persecución eficaz del fraude fiscal. Esta podría suponer más de 60.000 millones de euros, más del doble de los recortes de los presupuestos (en vez de prácticas como la “amnistía” fiscal). El CGTS también destaca que de los impuestos de transacciones financieras podrían
recaudarse más de tres veces lo que se ha recortado en partidas como la ayuda al desarrollo.

El recorte se produce prácticamente en la misma proporción, a la mitad, en todas las áreas de la atención social municipal. Por ejemplo, se eliminarán 582 centros sociales, de los 1.370 de 2001, a 788.

Los y las trabajadoras sociales exigen que se garantice a toda la ciudadanía la cobertura del Sistema Público de Servicios Sociales. Y más aún cuando el número de usuarios va en aumento. El Consejo estima que las situaciones de emergencia social y la atención de necesidades más básicas han aumentado incluso un 250 %, lo que está ocasionando un colapso de los recursos tanto humanos como materiales.

Recorte también del apoyo a la discapacidad

Con los recortes, también se suprimirán los proyectos del Plan de Acción para las personas con discapacidad, que atendían a 32.000 ciudadanos. Además, se dejará de atender a 73.932 usuarios de proyectos de desarrollo social de las comunidades gitanas (de 152.752 a 78.820). Tampoco se llevarán a cabo los 25 proyectos que se venían contemplando para la protección contra el maltrato infantil, ni los 33 de capacitación de profesionales y medidas de medio abierto.

Por otra parte, el Consejo también denuncia la supresión de la partida de nivel acordado para financiar la Ley de Dependencia (283 millones en 2011), que supone el recorte del 20% de la aportación del Estado al sistema. La eliminación de esta partida dificulta a las autonomías poner al día sus prestaciones: 280.984 personas siguen esperando que el derecho que se les reconoció se haga efectivo.

El Consejo General de Trabajo Social es miembro impulsor de la Alianza por la Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales, una red de organizaciones profesionales, asociaciones y sindicatos, que persigue velar por el sistema público de recursos sociales.

*Comunicado del Consejo General de Trabajo Social remitido a este blog.

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Acerca de juanglujan

Juan García Luján es periodista, de las islas Canarias. Ha trabajado en radio, prensa y televisión. Entiende el oficio de periodista como la posibilidad de informar, comunicar y reflexionar en alto. Todavía cree que es una profesión útil para la sociedad. Después de 20 años de oficio no confunde libertad de empresa con libertad de expresión.
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