Educando la mirada. Antonio Morales *


Se cumplen en estos días diez años desde que en Agüimes se aprobara una ordenanza para la protección del menor que trataba de buscar fórmulas de encuentro entre la familia, la escuela y el ayuntamiento para, entre todos, profundizar en la formación, la educación, la prevención y la participación de la comunidad en el crecimiento integral de los niños y jóvenes. Pretendíamos debatir los aspectos esenciales que inciden en la evolución del individuo y en la asunción de su papel de ciudadano y creamos los mecanismos necesarios para repensar, juntos, la educación, la convivencia, el modelo de sociedad…

Con una enorme polémica, por el uso sensacionalista de muchos medios de comunicación ante aquello de que los chicos y chicas debían estar en casa antes de las once de la noche en día laborales, nació, debatida barrio a barrio y clase a clase y al amparo de la Ley General de Educación, la Ley de Drogodependencias de Canarias y la Ley de Atención integral de Protección del Menor de Canarias, una Ordenanza de Protección al Menor que no era más que un marco de trabajo por el que guiarnos en el futuro para poner en práctica un modelo diferenciado de cogestión ciudadanista.

Creímos en aquel momento –hoy se hace más necesario- que era imprescindible impulsar un proceso socioeducativo comunitario, con programas y acciones sociales de apoyo para la familia, encaminado al aprendizaje de hábitos y estilos de vida social sanos, la participación e integración comunitaria de los menores y la prevención desde la formación, la información, el diálogo y el debate. Se trataba no solamente de apoyar para reforzar las responsabilidades parentales sino para reconducir actitudes y conductas desde el deber, como parte consustancial de los derechos, y no solo desde la prohibición. La autoridad de la escuela, de la familia, de las instituciones se potencia con la credibilidad y se consolida con el trabajo, el diálogo, el consenso y la participación de la comunidad. Se desarrollan así los equipos de intervención familiar, la unidad de atención a las drogodependencias, los hogares para menores y jóvenes, el piso de emancipación, el Centro de Igualdad, la Escuela de Padres, la Universidad Popular, los mediadores juveniles…

El proceso nos ha dado muchas satisfacciones, muchos premios y muy buenos resultados en el ámbito de la prevención, el fracaso y el absentismo escolar, la lucha contra las drogodependencias.., gracias al esfuerzo de las familias, los colegios, los extraordinarios profesionales con los que contamos y las responsables políticas que han estado al frente de esta propuesta. Pero no podemos bajar la guardia, y no me refiero solo a Agüimes. No podemos olvidar que madres, padres, profesorado y otros agentes sociales se enfrentan diariamente con un contexto social cada vez más complejo a la hora de ejercer sus responsabilidades

En diez años, la situación ha cambiado mucho. Vivimos momentos difíciles, de profundas transformaciones sociales. La crisis económica ha devenido también en una profunda crisis social, de los valores que conforman el sostén de la sociedad. El sometimiento de la política a los mercados ha precipitado la quiebra del Estado de bienestar y el cuestionamiento de lo público, lo que se ha traducido en la ruptura de la equidad y la igualdad y está propiciando profundos desequilibrios sociales. Está destruyendo los elementos necesarios para la protección de los más débiles y la integración social. Y, sobre todo, está sembrando de miedos e incertidumbres el sentir colectivo. Miedo a perder el trabajo, la vivienda y las prestaciones sociales, miedo como el que sufren los más de cinco millones de parados; el 50% de jóvenes sin empleo y sin perspectivas de futuro si no es en la emigración; como el de más de un millón de parados sin subsidios; como el que se siente en los casi dos millones de hogares sin ningún tipo de ingresos; como el de los casi diez millones de españoles que padecen pobreza severa y exclusión social… Miedos que se agudizan cuando, cada día, se habla de ajustes y recortes; de reformas laborales que precarizan el trabajo y cercenan los derechos de los trabajadores; de copagos sanitarios; de recortes en sanidad y en los servicios sociales básicos; de falta de horizontes…

Al nihilismo de algunas familias (no podemos pasar por alto que la responsabilidad de la educación tiene en ella su epicentro), a la rutina de un sector de la escuela, a la dejación de muchas instituciones, al egocentrismo vacuo y al consumismo imperante, se suman las rebajas en las partidas de los presupuestos dedicadas a la educación (no es suficiente una educación para todos, debe ser una educación de calidad). Y se suman también los dramas de la incapacidad de muchas familias para darle a sus hijos lo mínimamente necesario para subsistir; de las depresiones, separaciones familiares, violencias domésticas y de otros tipos: del aumento del consumo de drogas, de embarazos infantiles…

Si las condiciones socioeconómicas adversas de las familias determinan fuertemente la educación, no lo hacen menos los fuertes recortes que en materia educativa se están realizando en estos momentos. No podemos permitir que se hurte a la educación lo que le corresponde por su importancia para el desarrollo de la comunidad: será a la larga mucho más caro, Y tampoco podemos renunciar a seguir defendiendo modelos alternativos como estos en los que estamos trabajando, desde la cercanía de lo local, con ganas, ilusión, trabajo colectivo y convencidos de que realmente se puede transformar la realidad. Es preciso que profundicemos en espacios que creen corrientes de preocupaciones compartidas, intercambios de experiencias y enseñanzas de los que más saben para hacer posible un modelo de sociedad distinto, con valores positivos; para sembrar esperanzas, para recuperar dignidades atropelladas. La pasividad es complicidad y colaboracionismo con lo que está pasando. Debemos hoy más que nunca educar nuestra mirada para ser capaces de percibir las injusticias sociales y hacerles frente defendiendo el valor de la democracia y la igualdad ante la ley, la defensa de los derechos humanos que garantizan la justicia social, la libertad de los individuos y de los estados frente a los poderes económicos, la defensa del interés general y la preponderancia de la sociedad civil en la toma de las decisiones que afecten a la colectividad. Para demandar la eterna reclamación de un gran pacto social y educativo. Solo así, desde una sociedad más justa, más democrática, se forjarán ciudadanos más libres, con igualdad de oportunidades, con mayores, mejores y más equitativos accesos a la educación, a su formación integral. Nos corresponde a todos y a todas reflexionar y buscar alternativas a lo que está pasando. Y no solo por lo que nos dice el informe PISA.

*Antonio Morales es alcalde de Agüimes. Este artículo fue remitido a nuestro blog por su autor.

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Acerca de juanglujan

Juan García Luján es periodista, de las islas Canarias. Ha trabajado en radio, prensa y televisión. Entiende el oficio de periodista como la posibilidad de informar, comunicar y reflexionar en alto. Todavía cree que es una profesión útil para la sociedad. Después de 20 años de oficio no confunde libertad de empresa con libertad de expresión.
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