Excelentísimos Imputados


Después de Andalucía, Canarias es la segunda comunidad autónoma en número de candidatos electorales que están imputados. Repito, Imputados, porque seguramente en número de ciudadanos emputados quizá somos los primeros porque estamos hartos de ostentar de forma habitual los records en las cosas negativas. Los dirigentes de los partidos políticos más afectados consideran que esta presencia de políticos sospechosos en las listas electorales se debe a que la vida política está muy judicializada. Otros consideramos que puede ser un síntoma de falta de cantera: igual que la iglesia ha tapado muchos casos de pederastia porque no tenía sustitutos, en algunos partidos apartar a un imputado significaría que el propio jefe dimitiera y, claro, por ese camino el partido terminaría en manos de los buenos.

Un buen ejemplo lo tenemos en Valencia. El partido de Camps se puso a la ofensiva. La dirección del PP valenciano presentó ante la Junta Electoral central una denuncia contra cuatro cadenas de televisión por informar que en las listas al parlamento de esa comunidad van cuatro imputados por corrupción. Según el PP “ninguna de las personas que forman parte de las candidaturas se encuentra incursa en causa alguna por corrupción”, porque, según dicen, la corrupción no constituye un tipo penal, sino que es una expresión que pretende, de forma deliberada, dañar la imagen pública”. Según el PP hablar de candidatos implicados en casos de corrupción “es una forma consciente de manipular la opinión”. Desde la dirección de la calle Génova se desmarcaron de la denuncia del PP valenciano, la dirección del PP en Madrid considera que la libertad de expresión está por encima de todo y por tanto no respaldan la denuncia de sus compañeros valencianos que ante la falta de apoyo la retiraron.
El PP valenciano también mando una nota interna a sus candidatos para que defiendan que hay que “mantener la presunción de inocencia” y la imputación es una “garantía judicial” para defenderse. Los peperos llegan a decir que “nadie se cree que un presidente autonómico que maneja un presupuesto de 18.000 millones o un secretario general, puedan venderse por tres trajes”, en otras palabras: ladrones sí pero no tontos.Claro que eso no lo aplican a sus rivales políticos. La presunción de inocencia de un militante de tu partido es directamente proporcional a la presunción de culpabilidad de tu rival político. Esto se puede aplicar a todas las siglas.

UPyD presentó una proposición de ley para que los imputados a los que ya se les haya abierto un juicio oral no se puedan presentar a las elecciones hasta que finalice el proceso. No hace falta decir que los grandes partidos votarán en contra. En estas elecciones hay imputados en las listas de todos los partidos que han tocado poder. Unos tienen más que otros, es cierto. También es verdad que imputado y condenado no es lo mismo. En Canarias tenemos casos como el de Carmelo Padrón que por el caso Guillén estuvo catorce años imputado, o Francisco Santiago que estuvo 23 años por el caso del recaudador o los imputados en el caso Icfem que van para la quincena de años. En estos casos ha habido maniobras dilatorias por parte de acusaciones o jueces. En otros casos, como el caso eólico, las maniobras dilatorias las han realizado los abogados defensores.

Estos retrasos de muchas causas judiciales (¡pleitos tengas y los ganes!) que sufren políticos y ciudadanos contrastan con las causas que se ven en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Ahí hemos visto la rapidez para despachar las conversaciones entre un empresario y miembros del gobierno en el caso Góndola o el caso Salmón. También hemos visto la amabilidad del TSJC con el imputado Miguel Zerolo al que se le abrió la biblioteca para que pudiera esconderse de las cámaras de los periodistas durante su comparecencia por el caso Las Teresitas. Zerolo, que como número cuatro en la lista de CC que lidera Paulino Rivero, está siendo procesado en el TSJC por una caso que tiene que ver con su gestión como alcalde. Lo mismo le ocurrió a José Manuel Soria en el caso Salmón, donde se le investigaba en su etapa como presidente del cabildo.

En teoría el TSJC está para juzgar a los parlamentarios, que gozan de una inmunidad especial. Una inmunidad, por cierto, que sólo estaba prevista en la Constitución para los miembros de las Cortes Generales, pero que los listillos autonómicos canarios también se apuntaron a ella. Los dirigentes políticos comenten un fraude de ley y se acogen a su condición de diputados autonómicos para acudir a tribunales especiales por causas que no tienen que ver con su cargo en el Parlamento.

La proposición de ley de UPyD sobre la presentación a las elecciones de políticos imputados no entra en ninguno de estos aspectos. Tampoco entra en la existencia de responsabilidades políticas que deben existir incluso en los casos en que haya absolución judicial. No creo que lo que plantea la proposición de UPyD que se restringe a la presentación de imputados sea la solución a este problema, ya que se suprimirían los derechos ciudadanos a unos señores por una simple denuncia que abre un proceso que podría quedarse en nada. También habría que estudiar cómo evitar lo ocurrido en el ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote, cuando dos concejales corruptos y confesos del PIL votaron junto al PP, NC-PNL y CC una moción de censura que dio la alcaldía al PP.

También es importante acabar con estos tribunales especiales que quizá en su día tuvieron una razón de ser. Pero hoy en día estamos viendo a unos políticos que se presentan al Parlamento (Miguel Zerolo de CC, Jorge Rodríguez del PP y Esteban Bethencourt antes de CC y ahora del PP) para garantizarse una protección en un alto tribunal que no tendrían en los juzgados ordinarios. Estos excelentísimos imputados son los que provocan un mayor alejamiento de los ciudadanos de la política.

Acerca de juanglujan

Juan García Luján es periodista, de las islas Canarias. Ha trabajado en radio, prensa y televisión. Entiende el oficio de periodista como la posibilidad de informar, comunicar y reflexionar en alto. Todavía cree que es una profesión útil para la sociedad. Después de 25 años de oficio no confunde libertad de empresa con libertad de expresión.
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