Inauguración en el país de la muerte. Jesús Giráldez

Teodoro Obiang fue durante años el hombre de confianza de Francisco Macías. El segundo apellido de ambos es Nguema. Eran sobrino y tío y compartieron durante mucho tiempo su gusto por la sangre humana. Macías era el dictador supremo, Obiang el jefe de las cárceles, campos de concentración, tortura y descuartizamiento sistemático. Se esmeraron. Juntos eliminaron a más del diez por ciento de la población de Guinea Ecuatorial y más de un tercio de sus habitantes tuvo que exiliarse. Macías se autodenominó como Único Milagro de Guinea Ecuatorial, a Fernando Poo le puso su nombre y arropó a su sobrino que de teniente pasó a ser teniente coronel, viceministro de Defensa y siniestro carcelero mayor de Black Beach, la cárcel de Malabo, la capital del país. Obiang disfrutaba con las torturas y procedía a realizar espeluznantes juegos. A menudo ordenaba que se trasladara a un grupo de presos a algún bosque próximo y los invitaba a matarse entre ellos prometiendo al que quedara vivo que sería puesto en libertad. El vivo tenía suerte, siempre era asesinado de un tiro en la cabeza.

En 1979 el sobrino derrocó al tío, lo enjuició y lo fusiló. Se autonombró Dios, España se apresuró en legitimar su presidencia y Marruecos envió un destacamento que aún hoy continúa siendo su guardia pretoriana. Pero un torturador lo es para toda la vida y Black Beach sigue siendo la cárcel donde se encierra a cualquier sospechoso de no adorar al dios Obiang. Una sala de la cárcel es conocida como La Oficina. A lo largo de estos treinta y tres años de dictadura de Obiang, el presidente ha acudido en numerosas ocasiones a esa sala. Algunas noches algunos significados presos, casi siempre acusados de alta traición, son llevados a La Oficina sabiendo que se acabaron sus días. Obiang se sienta y preside un tenebroso y simulado juicio. Los interrogatorios no los hace ningún fiscal sino otros sádicos asesinos que le arrancan al reo algo más que una confesión. El preso muere torturado, Obiang no firma la sentencia, solo bendice que el acto se ha ajustado a derecho.

Obiang gana todas las elecciones. No tiene rival. Literalmente, no tiene rival. Cuando gana, gana y cuando pierde también gana. Sus poderes presidenciales son absolutos y su fortuna supera los mil millones de dólares, lo cual significa que pueden ser dos mil o cinco mil millones. El dinero lo obtiene de un juego de rapiña. Él le entrega a las empresas petroleras extranjeras parte del petróleo guineano y estas le entregan el 35% de los beneficios que van directos a sus cuentas y a los de sus familiares. Guinea tiene la mayor renta per cápita de África, superior a la de su antigua metrópoli, España, pero tiene uno de los peores puestos en los índices de desarrollo humano. Él está en la revista Forbes, Guinea Ecuatorial en las denuncias de Amnistía Internacional.

La semana pasada se inauguró un majestuoso edificio en Malabo. Se trata de la sede de la multinacional petrolera Noble Energy. A ese edificio, construido en una nueva zona de negocios conocida como Malabo II, sus dueños y la dictadura lo llaman campus, que es como llamar demócrata a Obiang. La Oficina de Prensa de Guinea informó que el presidente de la compañía, Chuck Davidson, le entregó en el sencillo acto protocolario una bandera nacional (sin especificar de qué nación) que había viajado a La Luna en 1976 con el Apolo XV. También informó que la empresa es un modelo de virtudes medioambientales, comprometida con las comunidades guineoecuatoriales.

El campus petrolero lo ha construido una empresa de Fuerteventura, CORORASA, la misma empresa que ha financiado a los grandes partidos políticos de la isla desde hace décadas. A todos, sin excepción. Sabemos que el capital no tiene patria y mucho menos conciencia. Si huele el dinero en una dictadura le sigue el rastro sin importarle los muertos. Pero al acto de la inauguración también asistió el presidente del Cabildo de Fuerteventura. Para justificar su asistencia (que lo mismo hubiese ido a la inauguración de un campus de Repsol si lo construyese la misma empresa) el presidente emitió una nota de prensa. En ella aclara que asistió al acto porque apoya la internacionalización (sic) de las empresas majoreras que crean empleo… fuera de la isla. Para que no hubiese espacio para la interpretación, Mario Cabrera, el presidente, manifestó que su apoyo a las empresas majoreras en la dictadura guineana es “claro, contundente y sin dudas”. En cambio a algunas personas que sufrimos su actuación como presidente del empresariado majorero sí nos asalta una duda: ¿qué se siente, don Mario, al darle la mano a un ladrón que somete a la pobreza a un pueblo, a un cerdo torturador, a un violador sistemático de los derechos humanos, a uno de los mayores asesinos en serie de la reciente historia del continente africano?, ¿a qué clase de mierda huele un genocida?

*Jesús Giráldez Macía es Licenciado en Historia y profesor en un instituto de Fuerteventura. En la foto que acompaña a este post se ve al Director de Política exterior del gobierno del dictador Obiang, Benjamín Mayé y a Mario Cabrera presidente del cabildo de Fuerteventura, en medio el empresario majorero con intereses en Guinea. La fotografía fue publicada en La Provincia. Debajo vemos una foto de José Manuel Soria en una visita oficial a Guinea realizada cuando era consejero de Economía gracias al apoyo del partido de Mario Cabrera. Hoy Soria y Mario Cabrera son enemigos políticos. Blog de Jesús Giráldez : La Pejiguera.

Flatulencias. Antonio Morales

¡Están locos estos romanos! Y menos mal que son del mismo partido. Se marean y nos marean. Se dan estocadas y nos salpican. Se atragantan con el gas y soportamos todos sus flatulencias. Se intoxican y se apoderan de ellos las tonturas. El presidente del Cabildo de Gran Canaria se comprometió en diciembre de 2011 a elaborar en seis meses, a partir de un documento ya redactado por el grupo de gobierno de la anterior corporación, el Plan Especial Territorial de Infraestructuras de Hidrocarburos que, entre otras cosas, debía definir la ubicación de la planta de gas en Gran Canaria. En un pleno, celebrado en febrero de 2012 en la institución insular, reconoció que no podía cumplir con esos plazos dada la caducidad de algunos de los informes elaborados para el plan anterior y que el documento definitivo estaría en un año. Hasta el momento no se ha movido un papel.

No se ha movido un papel, pero desde hace unos meses la consejera de Política Territorial Ana Kursón empezó a dejar caer en los medios de comunicación que tenía dudas acerca de la competencia del Cabildo para elaborar el Plan de Hidrocarburos y que elevaría una pregunta en ese sentido al ministerio de Industria. También José Miguel Bravo de Laguna se agarró a la misma cantinela en varias ocasiones. En algunas generosas entrevistas de domingo de algunos medios canarios a José Manuel Soria, el ministro apuntó la posibilidad de que el Gobierno central aprobara una declaración de interés general para decidir la ubicación de la regasificadora grancanaria, sin tener en cuenta que esta medida requiere la elaboración previa de documentos, la colaboración y el consenso institucional. En fin, que parecía que se había puesto en marcha un contubernio para forzar la decisión saltándose todos los procedimientos administrativos.

Y así pareció ser cuando el pasado lunes 10 de junio, el Canarias7 se hacía eco de unas declaraciones del presidente del Cabildo en las que afirmaba que el ministerio de Industria le había respondido afirmativamente y que la planta se haría en Arinaga “por interés general”, que en este caso se traduce en un interés muy particular de unos pocos. Al día siguiente, cuando ya preparábamos las “barricadas”, el subsecretario de Industria, Energía y Turismo, Enrique Hernández Bento, interviene en el debate para afirmar con rotundidad que le había sorprendido la noticia, que no habían recibido ninguna comunicación demandando la declaración de interés general ni se había abierto expediente alguno y que la valorarían cuando la tuvieran en sus manos después de estudiar los problemas de tipo competencial que se les plantearan.

¿Ustedes entienden algo? Yo tampoco. ¿Se trata acaso de que el Cabildo se ha acobardado y no quiere tomar la decisión? ¿Puede ser que el enfrentamiento soterrado en el que se encuentran el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, el presidente del Cabildo y el ministro lleve a José Miguel Bravo a quitarse una papa caliente de encima -que va a generar una enorme conflictividad social e institucional- y se la endilgue a Soria y total, ya puestos, que se queme el responsable de Industria? ¿O es al revés?

En los próximos días se irá desenredando la madeja. Obviamente estaremos muy atentos. Lo hemos dicho por activa y por pasiva: jamás aceptaremos que la planta se instale en Arinaga. Jamás. Responderemos con todas las armas que nos permita un Estado de derecho – cada día más mermado- y apuraremos todas las acciones cívicas y políticas que se nos ocurran. Nunca aceptaremos sumisamente que se ponga una bomba de esas dimensiones en las puertas de miles de ciudadanos.

Pero, al margen de la ubicación, lo que chirría penosamente, culposamente, putrefactamente, es ese empeño en hacer llegar el gas a Canarias a toda costa. Más allá del peligro para la población, de la estocada que supone para las renovables, de las afecciones al clima o a la salud de la ciudadanía y de la dependencia del exterior, la introducción del gas en esta tierra no responde sino a la defensa del interés de los lobbies gasistas, los mismos que después deparan próvidos puestos en sus consejos de administración para los medianeros encargados de sacar sus propuestas adelante.

Y se entiende menos a la luz de los últimos datos que conocemos. Según el Economista, el ministerio hace la vista gorda para salvar los ciclos combinados de gas que no logran cubrir sus costes fijos por funcionar, en muchos casos, el 15% de las horas para los que fueron planificados, por la caída de la demanda y por el aumento de las renovables. Desde el año 2010 para acá el gas ha recibido un exceso de retribución (déficit) de casi 500 millones de euros y el Gobierno estudia en estos momentos que sean las renovables (las que más han producido electricidad en España en los últimos seis meses) las que financien -¡lo que son las cosas!- parte de los incentivos al gas: pretende que las tecnologías verdes se hagan cargo de los pagos por capacidad, que no son sino bonificaciones especiales a los ciclos combinados.

Para la Comisión Nacional de la Energía es necesario que se limiten las inversiones en infraestructuras del sistema gasista ante el escenario de demanda previsto en la actualidad ya que, solo en 2012, ha disminuido un 23% “y continuará con tendencia a la baja este año” y propone, además, la “hibernación” de numerosos ciclos combinados de gas a la vista de la actual sobrecapacidad del parque de generación. Según Antoni Peris, el presidente de la Asociación Española del Gas (Sedigás) la utilización de estas plantas ha bajado en un 40% debido a la entrada de las renovables. También la patronal eléctrica Unesa, a través de su presidente Eduardo Montes, ha pedido al Gobierno que se cierren algunos ciclos combinados dadas sus pocas horas de uso, “lo que acarrea importantes pérdidas a las empresas” y el Ejecutivo ha acordado parar centrales de gas por cuatro años para aliviar a las eléctricas que dejarían de pagar el peaje del gas, lo que afectará de nuevo a las renovables y al bolsillo de los ciudadanos. Y para muestra un botón: en estos momentos la planta regasificadora de El Musel, en Gijón, de Enagás, construida por 400 millones de euros en terrenos ganados al mar en el puerto del mismo nombre, se encuentra parada después de que fuera adjudicada la obra en 2006 y finalizada en 2012. No se ha llegado a utilizar. Como los aeropuertos sin aviones.

Con los ciclos combinados de gas y las regasificadoras se ha producido en España una burbuja por cuenta y riesgo de las eléctricas, sin nadie pedírselo, que las ha llevado a construir más de 67 plantas en todo el Estado (27.123 MW) y a recibir incentivos a la inversión de más de 2.000 millones de euros en los últimos cuatro años, muy por encima de lo que han percibido muchas renovables. Además de seguir profundizando en nuestra dependencia energética exterior y de hacernos rehenes de países conflictivos, los precios del gas natural han crecido en Europa desde 2005 en más de un 40%.

Y claro, se están jugando mucho y presionan y presionan hasta el infinito. Sabrá Dios, aunque todos nos las imaginamos, con qué armas. Y mientras, impregnados de una estulticia suicida, desprecian una y otra vez a las renovables. Y no se les cae la cara de vergüenza al reconocer que en Canarias estamos a la cola en energías limpias. Y no se abochornan ante el dato contundente que nos aportó, en las Jornadas de Comarcas Sostenibles celebradas en el sureste grancanario, hace unos días, el representante del Gobierno de Islandia al asegurarnos que su país genera el 84% de su consumo energético con geotérmica. Están atacando alevosamente a las renovables por todos los flancos (campañas mediáticas, recortes de primas, falsas denuncias como las de las fotovoltaicas, trabas administrativas…) para favorecer a los oligopolios de las fósiles.

Los datos son irrebatibles. En el año 2012 los poquísimos parques instalados en el archipiélago ahorraron 36 millones de euros en compra de combustibles fósiles, de los más de mil quinientos que nos gastamos en total: la producción de megavatio de electricidad con fósiles costó en nuestra tierra 180 euros, mientras que la energía eólica se pagó a 86,27 euros el Mw. Y, mientras, no solo no se solucionan sino se agravan las servidumbres aeronáuticas, se dilata la solución para la central hidroeléctrica de Chira- Soria al no tener fijada la retribución y sigue sin contemplarse un régimen especial para las renovables en las islas. Como si fuera casual.

Es hora de que les obliguemos, de una vez por todas, a que contemplen el verdadero interés general para potenciar, frente a las fósiles caducas y contaminantes, un modelo de renovables innovador, creador de empleo, de nuevas tecnologías, de industrias… Es hora de romper los siniestros vínculos de la política y los lobbies energéticos. Es hora de plantar cara.

*Antonio Morales es alcalde de Agüimes. Este artículo fue remitido por su autor a nuestro blog para su publicación.

Bravo de Laguna perdió el pleito

La gente tiene ganas de descojonarse. Un martes al mes en el Paraninfo de la ULPGC se celebra el Aula de Humor que organiza Piedrapómez. Suelo acudir a la lección magistral que da Paco Pómez y al debate posterior. Una vez me tocó compartir mesa con Pepa Luzardo y Roque Díaz para hablar del carnaval. Siempre se llenan las butacas, es gratis, la gente va porque quiere y la propaganda suele ser el boca a boca, más de 400 personas y apenas sale en los medios. Salvo el último martes que acudió Paulino Rivero y el acto mereció una página en algún periódico y una noticia en Televisión Canaria.

Por eso yo pensaba que llenar el Paraninfo era fácil. Pero no. La prueba fue el acto para decir “basta ya de agresiones a Gran Canaria” convocado por Bravo de Laguna en el recinto universitario. Un acto que se anunció en las dos periódicos de papel de la isla durante más de una semana, con 3, 4 y hasta cinco páginas en cada periódico los últimos días, con horas de entrevistas radiofónicas protagonizadas sobre todo por los partidarios del acto para “salvar Gran Canaria”, con aperturas en los noticieros televisivos y radiofónicos. Y…288 personas en el momento de más gentío (incluyendo “una 20 de periodistas y unos 30 asesores”) según los cálculos de l bueno de Juanjo Jiménez en La Provincia. El plasma de televisión que se puso en la puerta del Paraninfo ante el “llenazo” que tenían previsto fue lo único que dio risa del acto.

Tras ese impresionantes despliegue mediático, tras la movilización de toda el personal del cabildo, tras conseguir que el rector de la ULPGC se dejara utilizar políticamente, tras reivindicar el espíritu de la lucha por la ULPGC, sólo lograron reunir a apenas 288 personas (la mayoría cobraban por ir porque tienen sueldos de instituciones gobernadas por el PP), se puede decir que Bravo de Laguna fracasó. Según la RAE fracaso es “resultado adverso de una empresa o negocio”. Y en Gran Canaria la utilización del pleito insular en política siempre ha sido un mal negocio. Se lo podía haber preguntado Bravo de Laguna a Rosario Chesa, número cuatro de la lista de CC al cabildo que el presidente de la corporación enchufó como asesora por si le tocaba entrar como consejera y necesitaba su voto. Chesa fue dirigente del Partido de Gran Canaria.

El presidente del cabildo de Gran Canaria creyó que el compromiso público de Román Rodríguez de acudir a su cita para “Salvar Gran Canaria” y la división en Coalición Canaria jugaban a su favor. El presidente de Nueva Canarias le echó una mano a Bravo de Laguna hasta última semana, fue Román a través de Carmelo Ramírez el que intentó dar un empujoncito a los sindicatos para animarlos a acudir al cónclave insularista.Román Rodríguez reconocía en la prensa de este sábado que había recomendado a Bravo que retrasara la fecha del acto para convencer a más gente.

El miércoles los dirigentes de UGT y CCOO coincidieron en una movilización en la capital grancanaria frente a la sede de la patronal. Ahí hablaron del asunto. Quedaban 48 horas y parece que se empezaron a dar cuenta de que la convocatoria era de esa misma patronal contra la que se estaban manifestando, que en la isla con más desempleo y pobreza el presidente del cabildo llamaba por primera vez a los dirigentes sindicales para usarlos de comparsa en una pelea contra la moratoria descafeinada que acababa de aprobar el Parlamento canario. Parece que empezaron a darse cuenta que los querían utilizar para una foto los mismos que en años de records turístico han realzado EREs en el sector para mantener sus beneficios a costa de poner a dos trabajadores a realizar el trabajo de cuatro.

Los periódicos del viernes contaban más retiradas que adhesiones. La patronal turística, sector oficial, no iba. Los sindicatos tampoco. Coalición Canaria tampoco. La lista de “organizaciones sociales” que llevaban las páginas en realidad eran marcas blancas del PP : presidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País (Tomás Van de Valle, exconsejero del PP), presidente del Club Naútico (reprentante del PP en diferentes organismos), Lothar Siemes (firmante de manifiestos a favor de candidaturas del PP), Agustín Manrique de Lara (candidato respaldado por el PP para presider la patronal)…Al final aquello iba a ser una acto del PP y de la patronal pepera.Por la mañana el jefe de prensa de la Delegación del Gobierno empezó a hacer correr la voz de que el ministro José Manuel Soria no iba a ir tampoco. Alguien debió decirle que era feo que un ministro estuviera en un acto insularista (nadie se atrevió a contarle que su presencia podía provocar más ausencias que adhesiones). Román Rodríguez se vio bastante solo y puso el freno. A las 11 de la mañana llamó a varios periodistas para anunciarlo. Nardi Barrios también se retiraba.

El presidente del cabildo podría aprovechar el debate de la Ley de Renovación turística para convocar a los verdaderos agentes sociales y económicos de la isla y promover un debate sobre el modelo turístico y económico de Gran Canaria (no digo de Canarias porqu parece que no le interesan las otras islas) . Sería positivo plantearnos algunas preguntas ¿de dónde venimos?¿adónde queremos ir? Que una isla de 800.000 habitantes reciba 3 millones de turistas¿ es sostenible? ¿De qué nos sirven 3 turistas por cabeza si tenemos unos de los índices de desempleo más alto del Estado? ¿Nos podemos fiar de la patronal y los gobiernos (de CC y PP) que han definido este modelo?

Pero el presidente del cabildo no promovió este debate ni nada parecido. Lleva quince días hablando de “atropellos a Gran Canaria”, diciendo “gobiernan para Tenerife”. Un discurso empleado por las burguesías de las dos islas capitalinas hace ya más de 200 años. Al final Bravo de Laguna se quedó con sus banderas de Gran Canaria compradas para la ocasión (debe decirse en su favor que a los fabricantes de banderas no les ha ido mal durante su presidencia). Se puede decir que fue un acto del PP de Gran Canario, porque hasta el presidente del PP de Tenerife había acusado a Bravo de Laguna en una entrevista en la SER de usar el pleito insular en la lucha política.

He visto manifestaciones de ecologistas con el triple de participantes que no han salido en los períodicos, sin embargo este acto minoritario tuvo 4 páginas en la prensa del sábado, con galerías de fotos en las que había tantos emputados como imputados. El Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se llena siempre con los martes de humor de Piedrapómez porque la gente tiene ganas de descojonarse. Pero el pleito insular no tiene ninguna gracia. El acto del viernes fue un acto pleitista. Y Bravo perdió el pleito.

Educación y ciudadanía. Antonio Morales

Han pasado once años desde que iniciamos esta andadura. Desde el momento en el que desarrollamos un proceso, enmarcado en una Ordenanza municipal para la protección del menor, para abrir espacios al encuentro entre la familia, la escuela y el Ayuntamiento. Éramos conscientes de que nos correspondía abrir un debate para propiciar, desde la cercanía, que la educación, la formación, la prevención y la participación de la sociedad civil conformaran el epicentro del crecimiento integral de los niños y jóvenes. Aspirábamos a debatir aspectos que inciden en la evolución del individuo y en la asunción de su papel como ciudadano y pusimos en marcha los mecanismos necesarios para que pudiéramos repensar juntos la educación, la convivencia, el modelo de sociedad al que aspiramos, el sistema político-económico que nos condiciona…

Durante estos años se ha ido forjando un modelo de trabajo participativo que ha merecido el reconocimiento de distintas instituciones y que ha obtenido unos resultados extraordinarios en el ámbito de la prevención, el fracaso y el absentismo escolar gracias al esfuerzo compartido de las familias, los enseñantes, los técnicos y los políticos municipales implicados.

Nos comprometimos en aquel momento a hacer un repaso cada año para trasladar al conjunto de la sociedad las consecuencias de esta propuesta y, a su vez, convocar a expertos para escuchar otras experiencias y progresar en nuestros objetivos. Porque nunca debemos renunciar a seguir aprendiendo. Por eso convocamos ahora estas Jornadas sobre Educación y Familia que tienen como eje central la educación y la ciudadanía.

Casi nada. El reto ante la situación que estamos viviendo es apabullante. El sistema socioeconómico que condiciona nuestra convivencia ha puesto de manifiesto hasta la extenuación el poder del sistema financiero sobre la política y la democracia. Cada día que pasa se evidencian profundas desigualdades sociales, el desprestigio de lo público y el desafecto de los ciudadanos por la política. La fragilidad laboral, el aumento de la pobreza y la exclusión social, las quiebras del Estado de derecho y del Estado de bienestar, con importantes afecciones a la educación y a las políticas sociales, han instalado el miedo y la precariedad en la sociedad y en las familias.

Y mientras debatimos todo esto se produce un ataque brutal a la educación. Se recortan sus presupuestos y se pone en marcha una ley profundamente involucionista y antidemocrática que intenta mermar su valor como pilar fundamental del Estado de bienestar y propicia su deriva hacia la privatización.

Se elimina de un plumazo la Educación para la Ciudadanía para combatir la formación de ciudadanos libres, capaces de defender la democracia, la justicia social y de luchar contra la pérdida de derechos y libertades. Para insistir en forjar ciudadanos individualistas, supeditados al egoísmo de las ganancias y el consumismo.

Se produce un ataque brutal a la justicia social, a elementos claves para garantizar la equidad y la igualdad y se agrede a la ley de dependencia, a los planes concertados, a las pensiones, a los subsidios por desempleo y a los servicios sociales en general reduciendo sus presupuestos y quitándoles las competencias a los ayuntamientos para trasladarlos al ámbito de las comunidades, con lo que se los aleja de los usuarios y se cuestiona su financiación final que pasará a depender únicamente de las autonomías.

Se promueve una agresión al municipalismo, a los ayuntamientos, para romper el valor de la proximidad, de la democracia más directa. Para cuestionar el lugar donde reside la fuerza de los pueblos libres, como decía Tocqueville. Se les intenta convertir en meros gestores desideologizados para arreglar aceras o rebachear calles y se les prohíbe actuaciones en drogodependencias, igualdad, juventud, sanidad, educación, empleo…

Se deja a los jóvenes sin horizontes, convirtiéndolos en excedentes para la emigración, se echa a los investigadores, se rompen las ilusiones y la esperanza…

Y lo pretenden sustituir todo por poner una multa a los padres si sus hijos beben mucho…

Como plantea Martha Nussbaum hay que impedir que se forjen generaciones sumisas, máquinas utilitarias, eficientes y productivas y sin capacidad de pensar, de debatir, de ser críticas

Solo desde una comunidad de hombres libres, comprometidos y dispuestos a actuar podremos plantar cara al neoliberalismo que pretende hacernos volver a la idea en la que cada cual debe luchar por sus intereses privados sin ninguna preocupación por lo colectivo. Ese es nuestro gran desafío: construir desde abajo un modelo capaz de plantar cara a un sistema económico que ha sometido a la política y a la democracia, para imponernos un pensamiento contable que nos convierta en individuos para el consumo. La Carta Europea para la Salvaguarda de los Derechos Humanos insiste en la democracia de la proximidad que garantice que “si cada derecho definido pertenece a cada uno, cada ciudadano, libre y solidario, debe garantizarlo también a los demás”.

Estas Jornadas deben ser un espacio propicio para ello. Para profundizar en la educación, en la ciudadanía, en la sociedad civil que plante cara a la resignación, a la aceptación cómplice, al consentimiento, al miedo o a la impotencia, defendiendo unos valores que no sean meramente los del mercado. Los momentos son muy difíciles, pero nos negamos a renunciar al compromiso y a las responsabilidades que nos corresponden. Educación y ciudadanía activa desde la familia, la escuela y el municipio: casi nada el trabajo que nos queda por delante.

*Antonio Morales es alcalde de Agüimes. Este artículo lo escribió el autor a propósito de las jornadas municipales Educación y Ciudadanía

Lo llaman moratoria y no lo es. Yasmina Encinoso García

La Ley de Renovación Turística arroja luz sobre dos aspectos que se evidencian en Canarias hace tiempo: la falta de imaginación y voluntad política para diseñar modelos socioeconómicos sostenibles, y el factor que condiciona esta ausencia de voluntad política: la indisociable relación político-empresarial de las élites canarias.
El escenario político ha cambiado bastante desde la aprobación de la Moratoria Turística en el año 2003. Entonces, un equipo formado por algunas personas preocupadas por el futuro del Archipiélago elaboró una norma que ponía freno a un sector que se hipertrofiaba a costa de destruirse a sí mismo, y con él al conjunto del territorio. En el año 2009, el ideólogo de la moratoria, Faustino García Márquez, —que el Gobierno de Canarias, presumiendo de conciencia ambiental, había designado como responsable de la Agencia Canaria contra el Cambio Climático— dimitió de ese cargo como consecuencia de la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes. Esta Ley, cuya intención no era más que desbloquear la moratoria, se encontró con una situación de sobresaturación del mercado turístico y con una crisis que desincentivó invertir en la renovación de la planta alojativa a cambio de construir más camas. Poco después, aquel alarde de conciencia ambiental había perdido todo el sentido, y simplemente desapareció la susodicha Agencia.

En aquel año 2003 ya se valoraba que la densidad turística, sobre todo en las islas más grandes, estaba causando graves problemas ambientales. Y es que hay que recalcar que, al contrario de lo que afirman muchos empresarios que ahora defienden la liberalización absoluta del suelo, no estamos hablando de una decisión inocua, y aquella moratoria no respondió a un “conservacionismo mal entendido”. El suelo es un recurso no renovable, y su pérdida no afecta únicamente a la calidad paisajística del territorio, que también, sino en buena medida a su capacidad potencial de supervivencia.
Ahora, con la Ley de Renovación Turística se pretende dar vía libre a la construcción de nuevos establecimientos hoteleros. Evidentemente, el medio ambiente no se ha recuperado desde el momento en que se hizo el análisis del que partió la moratoria turística. No se ha generado nuevo suelo ni se ha constatado una mejora que invite a aliviar las medidas legales de prevención y control del daño ambiental. Más bien al contrario.
Pero entremos a valorar las supuestas ventajas argumentadas por estos empresarios de “revisar” la moratoria, y que siempre se vinculan a la creación de empleo. Nos daremos cuenta de que estamos cayendo una vez más en una trampa.
Por un lado, la mayoría de los grandes hoteles en Canarias pertenecen a multinacionales que ni siquiera tributan aquí, o de unos pocos empresarios canarios que concentran el poder económico y a los que no parece importarles demasiado el futuro de estas islas. Es más, la sobreurbanización, la degradación ambiental y la saturación del destino aminoran la calidad de la experiencia turística y empobrecen la imagen del territorio que se visita. Pero a los grandes empresarios poco les importa siquiera el futuro económico de Canarias. Ellos simplemente se readaptarán a un nuevo público menos exigente.
Por otro lado podemos analizar la implicación social de estas empresas con Canarias en esta época de altísimas tasas de desempleo. Para ellas la crisis ha supuesto una buena oportunidad de negocio. Sin haber bajado sustancialmente los precios de las habitaciones han precarizado las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras. Con ello han obtenido un mayor beneficio por unidad alojativa. La evidencia está en que a pesar de que hemos vivido temporadas realmente buenas desde que empezó la crisis, no se contrató a más personal. Es más, la oferta del “todo incluido”, que concentra el gasto en el propio establecimiento, acapara todos los ingresos y despoja al destino de unos capitales que podrían haber ido dirigidos a mantener, e incluso generar empleo en actividades complementarias, y que sí tributan en Canarias.
Es cierto que la construcción y puesta en funcionamiento de un hotel implica la contratación directa de personal. Sin embargo, se hace a costa de destruir un recurso limitado, que además sirve de atractor para el turismo más interesante que puede llegar a estas Islas, y que es aquél que no se interesa únicamente por las instalaciones del hotel. El turismo más interesante y rentable es el que usa el hotel para pernoctar, y el resto del tiempo lo pasa conociendo la isla y dinamizando su economía.
Creíamos que ya había quedado claro que la apuesta por los monocultivos económicos era un riesgo cuyas consecuencias podían ser catastróficas (y la crisis actual con la construcción como monocultivo es un buen ejemplo de ello). Esta medida que -más allá de la cortina de humo que supone la disputa entre las cuatro o las cinco estrellas- sólo viene a dilapidar la moratoria, deja claro que lejos de ser así para nuestros responsables políticos, incide más en ella. O más bien lo que queda claro es quién manda aquí realmente.
¿Y qué papel desempeñan los representante institucionales, supuestos custodios de un territorio que deberían conservar, e incluso mejorar en lo posible? ¿A quién representan?
En el año 2009 Ben Magec – Ecologistas en Acción llevó al Parlamento de Canarias una Iniciativa Legislativa Popular avalada por 45.000 firmas (la Plataforma Tenerife se Mueve, con todo el despliegue económico y el apoyo institucional únicamente consiguió reunir 25.000). Con ella se pretendía afianzar la moratoria ante la amenaza de aprobación de la Ley de Medidas Urgentes. Nuestra propuesta exigía además la rehabilitación de la planta alojativa obsoleta como solución al estado lamentable en el que se encuentran algunos de los núcleos turísticos de Canarias. Como ocurrió con la que pretendía proteger la costa de Granadilla, no fue siquiera admitida a trámite. Un caso más que visibiliza a quién escuchan realmente estos representantes institucionales, y que evidencia el deterioro de la calidad democrática en Canarias.
Lo sorprendente ahora no es que se elimine otra vez un obstáculo legal a la destrucción de más territorio para favorecer a un sector económico minoritario pero muy poderoso. Lo sorprendente, encima, es que a eso lo llamen moratoria.

Yasmina Encinoso García es Diplomada en Turismo y miembro de Ben Magec. Este artículo fue remitido por la autora para su publicación a este blog y a diversos medios de comunicación. Algunos han declinado publicarlo.

La Marea Naranja llega a Canarias este miércoles

Los recortes de los presupuestos de Servicios Sociales, Educación y Sanidad realizados por los gobiernos de las distintas instituciones están provocando un desmantelamiento de los servicios públicos que forman parte del Estado de Bienestar. A los recortes presupuestarios hay que añadir las reformas laborales y la próxima ley de reforma de las administraciones locales.

Todas estas medidas se están produciendo en contra de los intereses generales y de espaldas a la voluntad de la población. Desde la llamada Troika (Banco Central Europeo, Comisión Europea y Fondo Monetario Internacional) se dictan las políticas que el gobierno español asume con resignación e impone a instituciones como los gobiernos autónomos y ayuntamientos. Por eso la gente en la calle grita con razón: “lo llaman democracia y no lo es”.
Antes incluso de que se apruebe la nueva ley de reforma de las administraciones locales ya estamos viendo que los recortes presupuestarios están ahogando a los ayuntamientos. En Fuerteventura el Ayuntamiento de Betancuria solicitó la semana pasada al Cabildo de la isla que asuma los Servicios Sociales de este municipio por que no tienen dinero para poder atenderlos. Esto ocurre mientras vemos que el gobierno del Estado aprueba créditos extraordinarios para sufragar gastos de estructuras alejadas de la ciudadanía.

Desde la Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales (Redesscan) de la que forman parte organizaciones como el Colegio de Trabajadores Sociales de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, la Asociación de Personas con Movilidad Reducida y otras personas y colectivos, vamos a convocar este miércoles 12 a las 12, acciones en diferentes islas para expresar el rechazo a las políticas que están provocando el desmantelamiento de los Servicios Sociales, secundando la movilización de la Marea Naranja convocada en diferentes comunidades autónomas por las organizaciones sociales.

En Las Palmas de Gran Canaria será a las 12h en el edificio de Usos múltiples II, habrá una cacharrada y registro de nuestra propuesta a las diferentes administraciones responsables del desmantelamiento de los Servicios Sociales. También repartiremos folletos en varias zonas de la isla.
En Santa Cruz de Tenerife será a la misma hora en la Dirección General de Políticas Sociales, con reparto de folletos en el mismo lugar y en el IMAS.

En las islas no capitalinas se harán concentraciones en diferentes centros de trabajo para visibilizar nuestro rechazo a la nueva ley de reforma de las administraciones locales que pretende desmantelar los servicios sociales de la mayoría de los ayuntamientos.

PD: Comunicado de prensa remitido por el Colegio de Trabajadores Sociales de Las Palmas remitido a los medios de comunicación.

Otra vuelta de tuerca. Antonio Morales

La pasada semana la Comisión Europea, a falta de la decisión final del Consejo Europeo, acordó otorgar más tiempo a siete países para que puedan cumplir con los objetivos de déficit. Se permite así una prórroga de dos años a España, Francia, Polonia y Eslovenia y un año más a Portugal, Bélgica y Holanda. España podrá de esta manera cerrar el 2013 con un déficit del 6,5% y el 2014 con uno del 5,8%. Parece como que nos hubiera salvado la vida. Que admite que sus políticas de recortes y ajustes han empobrecido a millones de personas y ahogado la economía de numerosos países. Induce a pensar incluso que sus miembros se han vuelto comprensivos, generosos, humanos… Nada más lejos de la realidad. La propuesta tiene trampa. Muchísima trampa. Según José Manuel Durao Barroso, presidente de la Comisión, “ahora los estados miembros deberán intensificar sus esfuerzos en reformas estructurales”. Es lo mismo que pedía Berlín hace unos días: “Hay que dar una vuelta de tuerca a la reforma laboral”.

No se trata entonces, como ingenuamente podríamos pensar, de un reconocimiento de que con recortes y ajustes y sin políticas de inversión es imposible que la economía mejore y que, de esa manera, no se atajan la sangría del paro y la pobreza. Todo lo contrario. Nos están exigiendo que profundicemos en una situación que ha producido seis millones de parados y más de 12 millones de pobres. Nos están exigiendo la extinción del Estado y el sometimiento de la ciudadanía a las élites económicas. La aceptación de una democracia huera, meramente formal, sin hombres y mujeres libres y capaces de decidir su futuro. Sin ningún pudor, la Comisión, a cambio de la prórroga, nos impone –dice que son solo recomendaciones- un decálogo de medidas profundamente neoliberales, regresivas, antidemocráticas y socialmente injustas. Y ponen plazos para que se ejecuten. Y dan prisas al Gobierno. Y da lo mismo lo que hayan votado los ciudadanos. Y da igual el sufrimiento.

Pretenden un “aumento de la eficiencia de toda la administración pública” que no es sino un eufemismo de despidos de funcionarios, recortes de salarios públicos y de la privatización de lo poco que nos queda (por supuesto que Alemania y otros países están dispuestos, como señalaban hace muy poco, a recibir a funcionarios españoles, y a los investigadores, y a los jóvenes ingenieros…) Y citan explícitamente la reforma de la Administración local -que no es ni más ni menos que el desmantelamiento de miles de municipios a los que se vacía de contenido por la vía de la cesión de competencias a las diputaciones y los cabildos- y el alejamiento de los servicios sociales de las instituciones más cercanas, quebrando la proximidad de los servicios públicos y agravando la situación de millones de personas.

Exigen una reforma fiscal profunda haciendo una llamada a la eliminación de impuestos, pero sin ninguna referencia a la recomendación laxa que hacían hace poco llamando a ser rigurosos con los paraísos fiscales. Pura demagogia. Lo cierto es que tratan de bajar los impuestos para someter al Estado, para obligar a reducir los servicios públicos y para romper el Estado social, pero no arbitran medida alguna para frenar el fraude, las evasiones, los subterfugios “legales” creados para que paguen menos los que más tienen.

Edulcorada con frases grandilocuentes sobre la necesidad de una asistencia efectiva a los parados, la Comisión vuelve a insistir en la petición de una mayor radicalización de la reforma laboral, sinónimo de la liberalización absoluta de los despidos y una decapitación de los derechos de los trabajadores, como no cesan de pedir las patronales laborales y los sectores políticos más neoconservadores. Y se atreve a reclamar que se eliminen los subsidios a los parados.

Por supuesto, las pensiones son un aspecto clave de las imposiciones. Antes de final de año España deberá realizar recortes y aportar un nuevo sistema de cálculo para establecer que la edad de jubilación vaya aumentando en función del incremento de la esperanza de vida. Y el Gobierno de Rajoy ya está en ello y para eso ha nombrado a una comisión técnica, que trabaja a marchas forzadas para minar este pilar básico del Estado de bienestar. Los “expertos” designados por el Gobierno, entre los que se encuentran miembros de las organizaciones aseguradoras privadas, del Servicio de Estudios del BBVA, de Fedea (Banco Sabadell, Santander, Repsol, La Caixa, Banco Popular, Banesto, etc) y otros ligados a empresas del sector, consultorías y universidades, ya empiezan a filtrar que las pensiones no deben acoger a las personas que caigan en la pobreza; y tampoco a las viudas o a los perceptores de no contributivas; que deberían disponer de recursos extras a través de impuestos; que en algunos casos deben sufrir rebajas de hasta un 45%; que no deben estar ligadas al IPC; que deben estar sujetas a la esperanza de vida (lo llaman equidad intergeneracional)…

También el gasto sanitario les parece excesivo y vuelven a insistir en reclamar un copago sanitario y en una tasa para los servicios de urgencias. Y les preocupan igualmente a los comisionados las deudas con las pobres eléctricas y demandan “una reforma estructural del sector” que, como ya se imaginan, pretende allanar el camino a los lobbies para hacer soportar sobre los consumidores un déficit ficticio y arbitrario, fruto de las complicidades con los gobiernos de turno y los partidos que los sustentan, cuyos lideres siempre terminan consiguiendo un puestito bien remunerado en sus consejos de administración. Y ya empieza el gobierno a filtrar que hay que subir el recibo de la luz.

Desde luego, no se podía quedar atrás la urgencia de la liberalización de los mercados por parte del Estado, que aunque aparenta una defensa de la pluralidad de ofertas y la libre competencia, en el fondo no esconde sino un ataque a la protección pública de los sectores más frágiles como las pymes. De hecho afirman taxativamente que es injustificable que se produzcan restricciones al establecimiento de las grandes superficies.

Pero claro, no pueden dejar de mostrarnos que tienen su corazoncito y demandan a España más calidad educativa y medidas contra la pobreza aumentando la empleabilidad. Sin analizar, estaría bueno, que imponiendo restricciones sin límites es radicalmente imposible reactivar la economía, el consumo y, por tanto, la creación de empleo y la mejora de la educación.

Para facilitarles la tarea, el gobernador del Banco de España Luis María Linde ha salido a la palestra pidiendo que no haya un salario mínimo para jóvenes (será para que puedan ser explotados a satisfacción), que se adelante la edad de jubilación a los 67 años cuanto antes, que se revise “en profundidad” el sector público y, además, menos sueldos y más trabajo y productividad, descuelgues en los convenios laborales, etc…

Mientras Hollande replica airado que “la Comisión no puede dictar las políticas a Francia”, Rajoy agacha la cabeza y afirma primero que “Europa ya está cambiando. Ya no habla solo de austeridad” y después, que hará las reformas “cuanto antes”. Y se dispone a asumir la batería de imposiciones que no vislumbran nada bueno, como acaba de señalar en su último informe semestral de perspectivas, la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) que augura un aumento del paro en España hasta el 28% en 2014. Y no está muy clara además la posición del PSOE, que suma a la visita de Felipe González a Rajoy, el mismo día de las andanadas de Aznar a su heredero en Antena3, unas declaraciones últimas de Rubalcaba dando su apoyo al presidente y anunciando un pacto sobre Europa. ?Será realmente para plantar cara o para aceptar lo inevitable, sumisamente, por esa “cuestión de Estado” a la que son tan dados? ?Será, como decía un “analista” el otro día, para centrar al PSOE, que se escora demasiado a la izquierda? ?Será acaso para defender juntos el bipartidismo que amenaza con derruirse?

No se trata ni mas ni menos que lo que afirma el cabeza de lista del partido liberal alemán y exministro de economía, refiriéndose a Hollande: hay que promover “una economía social de mercado en lugar de la economía estatal socialista”. Estamos asistiendo a una gran confrontación entre el capitalismo y la democracia. Los estados pierden irremisiblemente su soberanía. Se está produciendo un rechazo frontal a la política y a las instituciones, que no plantan cara y no dan respuestas. Ya no sirve de casi nada el voto de los ciudadanos. Las élites económicas están propiciando el empobrecimiento de la parte más débil de la sociedad, la desaparición de las clases medias y la anulación del Estado. Otro alemán, en este caso Dierk Hirschel, economista jefe de Sindicato Unido de Servicios de su país nos alumbraba en El País otro futuro: “Es justo reconocer que nuestros colegas del sur de Europa se defiendan frente a estos ataques. Su lucha defensiva tiene nuestra solidaridad. Debe detenerse la política de austeridad económica y socialmente destructiva. En su lugar necesitamos inversiones de futuro en educación, salud, protección al clima e infraestructuras –un plan Marshall-, así como un programa inmediato contra el desempleo juvenil. Para poder financiar todo esto es necesario aumentar la presión fiscal sobre las grandes rentas y fortunas en toda Europa. Solo una Europa social tiene futuro”. Estamos a tiempo de reaccionar.

*Antonio Morales es alcalde de Agüimes, Gran Canaria. Artículo remitido a nuestro blog para su publicación.